El fiscal rechaza la imputación de seis 'mossos' y deja solo al juez Aguirre

El juez de Barcelona que investiga una presunta trama de corrupción en el seno de los Mossos d'Esquadra se queda cada vez más solo. En una decisión muy poco habitual, la fiscalía ha decidido recurrir el auto por el que el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, llama a declarar como imputados a seis mossos por encubrir a una red de traficantes. Entre los imputados están el jefe anticorrupción de la policía autonómica, Antoni Salleras, y otros cuatro mandos.

El fiscal anticorrupción Emilio Sánchez-Ulled considera que no existen indicios suficientes para sostener la imputación de Salleras y los hombres de su unidad, confirmaron ayer fuentes judiciales. La acusación pública se desmarca así de la línea que está siguiendo en esta causa el juez Aguirre, que también ha topado con la oposición del Departamento de Interior y de la cúpula de los Mossos.Aguirre acusa a los investigadores que antes tenía a sus órdenes de ocultarle información clave para encubrir a miembros de la banda y proteger a otros mossos implicados en la investigación. En un auto contundente que ha indignado a los mandos policiales, el juez pone a Salleras en el centro de la diana y le acusa de alertar a algunos de los sospechosos de que estaban siendo perseguidos por su unidad.

A los seis mossos implicados el juez les imputa distintos delitos -omisión del deber de perseguir delitos, ocultación de documentos, revelación de secretos, falsedad en documento público, obstrucción a la justicia y encubrimiento- que giran, en realidad, en torno a un mismo asunto: Aguirre cree que los agentes trataron de engañarle y le ocultaron información.

La fiscalía ultimaba ayer el recurso con la convicción de que las declaraciones de los policías como imputados -algunos ya lo han hecho en calidad de testigos- resultan innecesarias. Pese a que la policía autonómica "pudo cometer errores" en la transcripción de algunas conversaciones telefónicas interceptadas, el ministerio público considera que no constituyen una infracción penal, precisaron fuentes judiciales.

A la espera del recurso, un agente, dos cabos y dos sargentos están citados a declarar el próximo martes. El subinspector Salleras lo hará, solo, el miércoles. El sindicato minoritario y ultra Manos Limpias figura en la causa como acusación popular. Si solicita medidas cautelares contra los policías (por ejemplo, su ingreso en prisión), el juez puede dictarlas aunque la fiscalía se oponga a ello.

La cúpula de los Mossos d'Esquadra está convencida de que la acusación contra el mando policial y los miembros de su unidad no prosperará. Comparte esta opinión el propio consejero de Interior, Felip Puig, que manifestó públicamente su apoyo a los imputados. "Deseo que la instrucción vaya lo más rápido posible para que se pueda demostrar lo que yo creo que se puede demostrar: la impecable actuación de la policía de Cataluña", dijo el miércoles en rueda de prensa.

Interior ya anunció, además, que proporcionará sostén legal a los agentes. El departamento ultima los detalles para decidir quién defenderá a los mossos ante el juez.

El caso que ha desembocado en la imputación de seis mossos arrancó hace dos años, a raíz de una compraventa de cocaína que resultó sospechosa. Los 40 kilos de polvo blanco incautados inicialmente eran, en su inmensa mayoría, yeso y azúcar. Aguirre imputó por ello a una docena de guardias civiles y ordenó a Salleras que tirara del hilo. El juez considera que en el curso de la investigación el mando policial y su equipo ocultaron escuchas que implicaban a policías. Otros tres agentes están imputados y apartados por este caso.

Interior atribuye a un desencuentro las sospechas del juez Aguirre sobre el cuerpo policial. Sostienen que el magistrado ordenó verbalmente que pinchasen teléfonos de la Guardia Civil y los Mossos pidieron que los solicitase por escrito, algo que no hizo. Aguirre está convencido de que los Mossos "subvirtieron el orden jerárquico para eludir la imputación de personas", según el auto. "Los que ejercemos cargos de responsabilidad debemos asumir esta y adoptar así decisiones dolorosas y convulsas para la sociedad", afirma.