El Congreso pide reformar el Código Penal para que el matrimonio forzado sea delito

El Congreso de los Diputados aprobó ayer una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a modificar el Código Penal para incluir el matrimonio forzado como un delito específico, una práctica detectada entre algunos colectivos extranjeros. La iniciativa, propuesta por el Partido Popular y que salió adelante con el apoyo de todos los partidos, exige también que se pongan en marcha políticas de apoyo a las víctimas y que se elabore una estrategia específica para abordar este problema de manera integral en toda España.

En 2010, solo en Cataluña -de las pocas regiones que cuentan con un plan especial para combatir el problema-, se contabilizaron 15 matrimonios forzados. Sin embargo, los expertos alertan de que estos son solo la cabeza visible y de que los casos pueden ser muchos más. El fenómeno, por tanto, ocurre. Y, sin embargo, no siempre es fácil de perseguir, ya que no está recogido como delito específico en el Código Penal. Algo que las autoridades suelen salvar interviniendo contra los delitos que suele llevar aparejados: agresión sexual, detención ilegal, violencia en el hogar o secuestro.

Ahora, la iniciativa aprobada ayer, propone terminar con esas deficiencias y estos subterfugios y que el matrimonio forzado se introduzca en el Código Penal directamente como delito dentro de aquellos que atentan contra la libertad, o bien como un delito específico dentro de todos los relacionados con las relaciones familiares.

La proposición no de ley también insta a las autoridades a crear una orden de protección específica para las personas víctimas de matrimonios forzados así como alojamientos específicos, para tratar de mejorar así su atención. Además, pide que se establezca un fondo de ayudas dirigido a las actuaciones de las asociaciones que trabajen para solucionar estas situaciones.

En Reino Unido, Francia, Noruega, Bélgica y más recientemente en Alemania, obligar a una persona a casarse contra su voluntad se considera delito, y está castigado con penas de entre dos y seis años de cárcel.