Aralar se suma a PSE y PP y culpa al equipo de Inclán del 'caso Margüello'

Los últimos pasos del caso Margüello en el Parlamento parecen indicar que PP y PSE no estarán solos a la hora de atribuir las responsabilidades políticas de las irregularidades del caso al anterior equipo de Sanidad. Aralar se dispone a sumarse a la tesis que defienden los socialistas y el PP. Las enmiendas presentadas por este grupo parlamentario al dictamen provisional sobre las presuntas irregularidades en la contratación de servicios sanitarios entre 1996 y 2009 dan a entender que este partido apoya las principales líneas a las que apuntan socialistas y populares, que apuntan, como mínimo, a un conocimiento de las deficiencias por parte de la anterior consejería de Sanidad.

Cuatro grupos piden incluir en el dictamen el archivo de parte del caso

"No cabe duda de que ha habido irregularidades, y lo más preocupante es que estas se han dado en la contratación privada, dejando al descubierto que siempre un grupo de personas ha utilizado este tipo de contratación para sacar beneficios privados", propone en euskera uno de los cambios de Aralar. El grupo plantea mantener en el dictamen que "es difícil que las irregularidades detectadas se llevaran a cabo sin que los responsables del anterior Departamento de Sanidad lo supieran".

Las tarifas "se cambiaron para beneficiar a esas personas", prosigue su parlamentario en la comisión, Dani Maeztu, que hasta ahora no se ha pronunciado públicamente en torno al caso. Aralar entiende que la empresa Gestión de Servicios Sanitarios XXI recibió una autorización de funcionamiento dejando de lado el procedimiento establecido por ley y critica que no hay controles suficientes para evitar incompatibilidades de profesionales que trabajan en la empresa privada y en Osakidetza.

Aralar, al igual que el PP, EA y el PNV, defiende incluir en el dictamen final de la comisión una referencia al sobreseimiento provisional de una de las principales ramas judiciales del caso Margüello, la acusación de prevaricación hacia el exdirector territorial de Sanidad, dictado por la Audiencia de Vizcaya días después de la presentación del dictamen provisional. Como los jeltzales, critica las filtraciones porque han generado "indefensión" en las personas involucradas y "dejan abierto el camino para la utilización política de la comisión".

Las enmiendas socialistas son las más contundentes de todas y proponen ser más explícitos e incluir en el dictamen que hubo conocimiento previo, participación necesaria y responsabilidad político-administrativa por parte del exconsejero de Sanidad, Gabriel Inclán, el exviceconsejero Rafael Cerdán, el exdirector de Régimen Jurídico y los tres anteriores directores territoriales de Sanidad. La socialista Blanca Roncal recoge, además, la petición de dar más importancia a los diversos documentos que a las versiones de los comparecientes por considerar a los primeros más veraces. El PP propone incluir parte de las declaraciones de varias personas para clarificar los hechos.

El PNV ofrece la otra cara, diametralmente distinta, del caso Margüello. Su dictamen alternativo y sus 57 enmiendas rechazan todo tipo de irregularidades, descartan la existencia de un monopolio entre las empresas vinculadas al exjefe de Calidad de Cruces, José Carlos Margüello, niegan que haya habido un perjuicio económico. Y van más allá: en el apartado de responsabilidades políticas del dictamen proponen dos: las que atribuyen al actual consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, y su viceconsejero, Jesús María Fernández. EA, a su vez, critica que el dictamen hace "caso omiso" de muchas de las comparecencias parlamentarias.