La crisis de la economía catalana

Guerra abierta por el fondo de competitividad

El Gobierno de CiU cree haber hallado la fórmula para desactivar la oposición de los socialistas catalanes a su política de recortes. Un día y otro, el Gobierno de Artur Mas al completo insiste que el verdadero problema de las finanzas catalanas es que el Gobierno no haya consignado este año los 1.350 millones correspondientes al fondo de competitividad que sí pagó puntualmente en 2009 y 2010. El Gobierno central se escuda en que el sistema de financiación pactado en 2009 le autoriza a hacer los pagos en el momento de la liquidación del presupuesto, lo que le daría de plazo hasta 2013. Pero este argumento ni siquiera convence al PSC que, en plena campaña para conservar la alcaldía de Barcelona, volvió ayer a elevar el tono de la reivindicación. El candidato socialista, Jordi Hereu instó a los 25 diputados catalanes del grupo Socialista a "defender con todas las consecuencias" la transferencia en discordia. Aseguró Hereu que "el fondo es necesario para blindar las políticas sociales".

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Esquerra Republicana quiere forzar en el Congreso una votación que obligue a los 25 diputados del PSC a mojarse y a votar, si hace falta, en sentido contrario al PSOE, algo que no ha ocurrido nunca. El PP intentará lo mismo en el Senado, anunció ayer la líder regional del partido Alicia Sánchez-Camacho.

El Gobierno mantiene que no pagará hasta 2013 y que la cifra de entre 1.350 millones y 1.450 que calcula la Generalitat puede ser errónea, lo que deja en una situación extremadamente incómoda a los socialistas catalanes. Este sentimiento se palpó ayer en las declaraciones del jefe de filas del PSC en el Parlamento catalán, Joaquim Nadal: "Esperaríamos de la ministra y del presidente del Gobierno todo el coraje necesario para enviar mensajes de optimismo de cara a la salida de la crisis", dijo.

Con todo, la Generalitat no ve imposibles sus aspiraciones. Convergència i Unió está segura de que tras las elecciones del 22 de mayo aflorará déficit oculto en muchas comunidades, lo que obligará al Gobierno a hacer gestos que ahora rechaza.

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