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El PSOE asegura la disciplina de voto de sus 25 diputados catalanes

El PNV dice que "queda en suspenso el suspenso " se los acuerdos con el Gobierno

La dirección del Grupo Socialista da por hecho que tiene asegurado que los 25 diputados del PSC mantengan la disciplina de voto y rechacen la moción de CiU para el pago de los 1.450 millones de euros del fondo de competitividad. La moción se vota esta tarde y los socialistas tienen garantizado que se rechace con sus votos y la abstención del PNV. A última hora de la mañana, el Grupo Socialista negociaba con Coalición Canaria para rechazar la moción de CiU.

El PSC había presentado una enmienda a la moción de CiU para que se abriera un diálogo entre el Gobierno central y la generalitat, pero los nacionalistas catalanes no la aceptaron por considerar que no establece plazo alguno para el pago.

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Guerra abierta por el fondo de competitividad

El PSOE asegura que la propuesta de CiU es inasumible para el Estado, precisamente en plena presión de la UE y los mercados para recortar el déficit público. Los socialistas salvarán también la votación de la reprobación presentada por el PP contra el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, por su presunta responsabilidad en los eres falsos. En este caso, el PSOE intenta que el PP se quede solo en su propuesta.

El PNV apoyará en ambos casos en el Gobierno, porque según Josu Erkoreka (PNV), tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre Bildu "queda en suspenso la suspensión" de relaciones con el Gobierno. Es decir, que el PNV vuelve a ser socio preferente del Ejecutivo.

Erkoreka explicó que el PNV se abstendrá en la votación sobre el fondo de compensación para mantener su costumbre de hacerlo siempre que se voten iniciativas que no afecten a la financiación autonómica de comunidades distintas al País Vasco. Sobre la reprobación, dijo que se abstendrán porque forma parte de la "política rastrera".

El complejo reparto del fondo de competitividad

El sistema de financiación autonómica es un complicado amasijo de fondos y subfondos, reglas de modulación, cláusulas de garantía y otros conceptos más o menos inexplicables que, en teoría, debería ajustarse -más o menos- a los cauces del federalismo fiscal que tienen otros países como Alemania, Australia o Canadá. En la práctica, el modelo español ha ido añadiendo a lo largo de los años todo tipo de excepciones y singularidades ante la constatación de que casi todos están descontentos con el reparto del dinero. En la última remodelación, el nuevo sistema arbitró una fórmula para compensar a las comunidades ricas cuya financiación por habitante quedaba por debajo de la media tras la aplicación del modelo: el fondo de competitividad. Un fondo que actúa como una especie de seguro que permite que ninguna comunidad cuya financiación por habitante esté por encima de la media antes de aplicar el sistema se quede por debajo de la media después.

En 2009 y 2010, el Gobierno anticipó más de tres cuartas partes de esa transferencia a las comunidades, como hace por norma con el resto de ingresos reconocidos. Pero el Ministerio de Economía sostiene que, en el caso del fondo de competitividad, eso no sirve como precedente: lo hizo así porque era un periodo transitorio, de modo que este año ha pospuesto su pago a 2013, que es cuando se liquidarán las cuentas de 2011.

La decisión de Economía fue mal recibida por varias comunidades, que contaban con esos recursos para 2011, precisamente Cataluña, Baleares, Valencia y Madrid, a las que se les exige un mayor esfuerzo de contención de gasto público. Pero ha sido el nuevo Gobierno catalán el que ha abanderado la protesta, hasta el punto de asegurar que no cumplirá el objetivo de déficit.

Cataluña sostiene que el Gobierno debe adelantar 1.350 millones de euros -una cifra que el Ejecutivo no ha reconocido nunca-, y que con ese dinero sería factible cumplir ese compromiso. Portavoces del Gobierno catalán han llegado a calificar al Gobierno de "moroso". Al final, el problema tendrá una solución compleja: si el Gobierno accede al adelanto deberá abonar esa cuantía a todas las comunidades que tienen derecho a ese fondo, lo que pondría en serios problemas los objetivos de déficit del Estado (con el posible castigo en los mercados). Si no lo hace, puede provocar la asfixia financiera de algunas comunidades, donde los ingresos se han desplomado y los incumplimientos, además, impedirían a las autonomías endeudarse. / C. P. / LL. P.

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