La reforma posible

Lo que resta por hacer en la reforma laboral, esto es, la reforma de la negociación colectiva, permanece en estado de criogenización hasta que se celebren las próximas elecciones y en espera de que los sindicatos y la patronal den el paso decisivo sobre la naturaleza, alcance y obligatoriedad de los convenios. Ni los agentes sociales ni el Gobierno muestran agobio por cerrar este capítulo de la negociación; será porque los mercados de deuda permanecen tranquilos, quizá convencidos de que los planes de rescate han terminado en Europa o quizá a la espera de utilizar como pretexto cualquier desviación en las cuentas de déficit público para presionar sobre los bonos españoles. Un espasmo financiero continuado podría empujar al Gobierno a acelerar la carta de la negociación colectiva como una prueba más de los esfuerzos de España para cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria.

La reforma posible de la negociación colectiva ha de centrarse forzosamente en la flexibilización de los convenios, sea para cambiar salarios por empleo, sea para desplazar, ampliar o reducir las horas de trabajo en las empresas y en los sectores. Por razones evidentes, el enfrentamiento más enconado se libra en torno a las famosas cláusulas de descuelgue, las que permiten a las empresas liberarse de los convenios sectoriales o territoriales y negociar con los comités de cada una de ellas, y sobre la ultraactividad de los convenios. Las posiciones son confusas. Los sindicatos son partidarios de cambios (la empresa podrá descolgarse de los convenios "superiores" en caso de que demuestre su situación de crisis y, en caso de discrepancias, si lo admite un árbitro) que los economistas de la patronal consideran todavía demasiado restrictivos. Los más radicales entienden incluso que los convenios deberían ser todos de empresa, con cláusulas de descuelgue a voluntad de las partes. Pero el caso es que varias empresas (de hecho, sectores enteros y organizaciones empresariales territoriales) se resisten a aceptar flexibilizaciones en esta materia. Esta indefinición no favorece el avance de la negociación, pero muestra las dificultades del debate. Consideraciones similares cabe hacer sobre la ultraactividad de los convenios. Una negociación dura quizá llevará a los sindicatos a aceptar que los convenios perdieran vigencia después de tres años sin renovarse (en línea con las pretensiones del Gobierno), pero para algunas grandes empresas y para casi todas las pequeñas y medianas una reforma así se quedaría muy corta.

Todo apunta a que las negociaciones pactarán cambios mínimos que los analistas valorarán con el escepticismo habitual, los ideólogos económicos de la patronal considerarán insuficientes y los sindicatos entenderán como un desorden añadido en la legislación laboral. Para que la reforma sea efectiva (entendiendo por tal efectividad un marco nuevo que permita crear más empleo cuando la actividad se recupere; antes de que eso suceda, ninguna reforma creará un solo puesto de trabajo), la liberalización de los convenios tendría que ser radical, es decir, instaurar como modelo predominante la negociación por empresa. Si no media un cambio brusco (como la mencionada presión de los mercados de deuda o una ruptura total de negociaciones que llevara al Gobierno a legislar por decreto), un cambio de ese calado no se producirá.