Cataluña prevé multar a prostitutas y clientes

El Gobierno catalán de Artur Mas anunció ayer que está estudiando una normativa que prohíba la prostitución en la vía pública, bajo pena de multa para meretrices y clientes. El consejero de Interior, Felip Puig, lo avanzó ayer en respuesta a una pregunta del partido político de Ciutadans sobre los planes de la Generalitat en materia de prostitución.

Puig explicó que ejercer en la vía pública conllevará una "infracción administrativa", pero no dio plazos. La norma difícilmente llegará a tiempo para verano, época en la que carreteras como la Nacional II se llenan de prostitutas.

La intención del consejero, según contó ayer, es crear una regla "unitaria". En la actualidad, varios municipios catalanes ya sancionan a mujeres y clientes que ofrecen y negocian servicios sexuales en la calle. Lo hacen normalmente a través de una modificación de la ordenanza de Civismo.

Los Ayuntamientos no logran cobrar las sanciones que imponen

El anuncio de Puig, además de homogeneizar las distintas normativas, extendería la prohibición a las carreteras y evitaría que las mujeres se desplazasen de un municipio que sanciona a otro cercano, donde no lo hagan.

Varios municipios dentro y fuera de Cataluña sancionan a los clientes de la prostitución. Sevilla o Badajoz estuvieron entre los primeros en regularlo en sus ordenanzas. También lo hizo La Jonquera (Girona), pero la realidad ha demostrado que sirve de poco. De las 600 multas impuestas por la Policía Local en un año y medio, no han logrado cobrar ninguna. Las mujeres, según contó el alcalde de la localidad, Jordi Cabezas (CiU), no tienen domicilio conocido, ni nada a su nombre que les puedan embargar. En cuanto a las multas a clientes, unas 60, la localidad tampoco ha conseguido recaudarlas todas porque muchos son extranjeros. Tordera (Barcelona) es otro de los municipios que tampoco ha cobrado ninguna de las 194 sanciones a prostitutas.

Después de las elecciones municipales catalanas, el consejero aseguró también que "mejorará" el decreto que establece las condiciones de los locales de pública concurrencia donde se ejerce la prostitución, que están regulados desde 2002. Cataluña es la única comunidad que tiene establecimientos con licencia específica para prostíbulos.

El consejero insistió ayer en que su objetivo es "avanzar en la erradicación y abolición de la prostitución" forzada. Puig, sin embargo, admitió que topan con límites que les impiden abordar el problema de manera integral, porque es "competencia estatal" establecer "las conductas delictivas a través del código penal".