Mendía censura que Vizcaya niegue datos a la comisión que investiga el 'caso De Miguel'

Idoia Mendía censuró ayer a la Diputación de Vizcaya por su posición de "absoluta opacidad" frente a las peticiones de datos reiteradas por la comisión del Parlamento que investiga los casos de presunta corrupción y espionaje. Entre esos casos, también sujetos a investigación judicial, se encuentra la presunta firma de contratos ilegales, cobrados por trabajos inexistentes, de empresas de la trama con el Gobierno anterior.

Mendía contrastó esa posición del Ejecutivo foral que dirige el PNV con la del propio Gobierno vasco, del que resaltó la "absoluta colaboración, cumpliendo la legalidad" y la "total transparencia". La portavoz achacó esa misma opacidad respecto de los propios representantes de Vizcaya en las Juntas Generales cuando reclaman información. "Hay que colaborar para investigar y tratar de esclarecer los hechos" instó. La Diputación de Vizcaya comunicó la semana pasada por segunda vez al Parlamento su negativa a remitir a la comisión de investigación de los casos De Miguel, Miñano y Tellería los datos fiscales pedidos a la Hacienda foral.

Bilbao apunta que llevará a Urgell a los tribunales por proteger Sukarrieta

Los servicios jurídicos de la Cámara los habían reclamado con anterioridad apelando a la obligación de la Diputación de facilitarlos y a su condición de imprescindibles para el buen fin de los trabajos de los parlamentarios de la comisión. Idéntica posición mantuvo Vizcaya antes respecto de la petición de la comisión de las Juntas alavesas que investigó el caso Zambrana.

La Diputación alega que el Parlamento no es la institución a la que debe rendir cuentas y la inexistencia de obligación legal para ello. La portavoz no quiso entrar a valorar los argumentos jurídicos en los que se respalda la negativa foral, discrepantes de los del Parlamento, y dijo que, en cualquier caso, lo que cuenta es "la voluntad política".

En otro frente de conflicto, el de un segundo Museo Guggenheim en Urdaibai, el diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, vaticinó ayer que la protección de las colonias de Sukarrieta dictada por el Gobierno "acabará en los tribunales". Además, apuntó que después de las elecciones se retomará la cuestión del museo como tal. Está en el plan estratégico de la Fundación Guggenheim, dijo. Bilbao apuntó a un parón meramente electoral en la polémica "Desde luego, ese tema habrá que volverlo a poner encima de la mesa una vez pasadas las elecciones, porque muerto no está". El momento de volverlo a plantear "seriamente", dijo, será "cuando pasen las elecciones y estemos más tranquilos".

Respecto de la orden de la consejera de Cultura por la que se inscribió la colonia infantil en el inventario general del Patrimonio Cultura vasco como bien cultural con la categoría de Conjunto Monumental, Bilbao señaló que el Gobierno "ha metido la pata". A su juicio, "ha incumplido la Ley de Patrimonio, porque se han pasado de plazo y está fuera de tiempo".