El PP fuerza que Bellver sea juzgado en el TSJ

De los 10 acusados por corrupción que figuran en la lista del PP a las elecciones a la Generalitat ratificada por Génova, el que más cerca está de sentarse en el banquillo de los acusados es Jorge Bellver, concejal de Urbanismo de Valencia, por haber cometido supuestamente un delito de prevaricación.

Contra el regidor de la alcaldesa Rita Barberá ya se ha dictado apertura de juicio oral con el aval de cuatro jueces. Teóricamente, por tanto, el caso solo está pendiente de que se señale el día concreto del juicio. Fuentes jurídicas indican que la fecha no sería, sin embargo, anterior a junio por dos razones: Penal 4, el juzgado de Valencia que debería celebrarlo, se encuentra considerablemente saturado; y el juicio requerirá probablemente más de un día, lo que hace un poco más difícil encontrarle hueco en la agenda del tribunal.

Lo anterior cambió de forma radical, sin embargo, el viernes. Bellver fue incluido a última hora en la candidatura autonómica. Y la maniobra, una vez que su elección se da por descontada (el concejal de Urbanismo va en el puesto 16 y el PP tiene ahora 54 escaños), conducirá a su aforamiento. Una figura jurídica pensada para proteger a los parlamentarios de acusaciones malintencionadas que servirá en este caso para apartar a Bellver del órgano que debería juzgarlo.

Tras ser elegido, su causa será suspendida y trasladada al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. El TSJ tomará la instrucción ya elaborada y celebrará directamente el juicio. Aunque últimamente se le acumula el trabajo, el tribunal superior está menos cargado de faena que los de la Audiencia Provincial, y por ello Bellver podría ser juzgado en el TSJ antes de lo que lo hubiese sido en Penal 4. Bellver está acusado de omitir deliberadamente un informe del servicio de Patrimonio de la Generalitat para las obras de un aparcamiento en el entorno protegido de los Jardines de Monforte (Valencia). Dicho informe, señala el fiscal, habría obstaculizado la obra, ejecutada por una empresa de Enrique Ortiz, constructor imputado en el caso Brugal e implicado también en Gürtel.

Y mientras el PP se enreda en el caso Monforte, el candidato socialista a la alcaldía de Valencia, Joan Calabuig, apostó por un programa para la ciudad basado en la transparencia y el saneamiento de las endeudadas arcas municipales.