Cuatro escándalos sacuden la agenda política andaluza

Los obstáculos se multiplican en los últimos meses en el camino del Ejecutivo andaluz y del PSOE. Los casos de corrupción investigados por los jueces y aireados por los medios se han clavado en la agenda de la Junta y del partido hasta ocupar una importantísima parte de la iniciativa política de ambos.

- Fraude de los ERE. La investigación de la juez Mercedes Alaya sobre los presuntos fraudes en los expedientes de regulación de empleo (ERE) pagados con un fondo de la Consejería de Empleo de 647 millones para ayudas a empresas en crisis ha sido sin duda el mayor quebradero de cabeza para el Ejecutivo andaluz y el PSOE desde que José Antonio Griñán está al frente de ambos. Empleo ha detectado 111 irregularidades administrativas y 72 intrusos (personas que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas) entre las 5.892 personas incluidas en las pólizas de prejubilación y cifra el dinero malversado en nueve millones de euros. Empleo ha investigado los expedientes de 64 empresas y ha detectado intrusos en 24 de ellas y "discordancias" administrativas en 18. Entre los imputados destacan el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, y el exdirector general de Empleo Javier Guerrero. Hay varios militantes socialistas entre los falsos prejubilados.

Javier Arenas culpa a Griñán -consejero de Economía y Hacienda en el momento de los hechos- de haber ignorado los avisos de varios informes de la Intervención. El presidente andaluz se defiende con el argumento de que si bien la Intervención alertaba de irregularidades administrativas, jamás se detectó fraude ni perjuicio para las arcas públicas.

El último capítulo ha sido el enfrentamiento entre la juez Alaya y el Ejecutivo andaluz después de que la magistrada le solicitara copia de las actas de los Consejos de Gobierno de la última década (480). La Junta entregó las actas en sobres lacrados para su custodia en los juzgados a la espera de que el caso llegue al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción del Supremo.

- 'Caso Mercasevilla'. Es el caso del que surgió el de los ERE al detectarse los primeros intrusos. La investigación se ha desgajado en varios apartados que incluyen la supuesta venta irregular de terrenos y la malversación. Entre los imputados figuran el exdelegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas; Manuel Marchena, mano derecha del alcalde de Sevilla: Alfredo Sánchez Monteseirín, y el teniente de alcalde y candidato de IU, Rodrigo Torrijos.

- Ayudas de la UE. La fiscalía y la Guardia Civil destaparon el presunto fraude de 23 millones cometido por más de 5.870 empresas andaluzas al dar un uso irregular a las ayudas de la Unión Europea para la creación de puestos de trabajo.

- Familia Chaves. Las informaciones aparecidas que apuntan a que el hijo de Manuel Chaves, Iván, pudo haber ejercido de intermediario entre empresas y la Administración han vuelto a poner el foco sobre el expresidente. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha pedido que se le abra expediente a Chaves por las subvenciones recibidas por la multinacional Matsa, en la que su hija Paula trabajaba como abogada. El Supremo archivó el caso por la vía penal.