No pudo, ni puede

A punto de cumplirse el décimo aniversario de los atentados del 11-S, Estados Unidos va a juzgar a los cinco presuntos organizadores de aquellos ataques terroristas que costaron la vida de 3.000 personas. Jaled Sheik Mohamed y cuatro acusados más, detenidos todos ellos en Guantánamo, comparecerán ante una comisión militar que les juzgará según los procedimientos propios de los consejos de guerra. El fiscal general Eric Holder no ha podido mantener su propósito inicial de entregar a los sospechosos a la justicia civil para juzgarlos en Nueva York, la ciudad donde murieron la gran mayoría de las víctimas de aquellos atentados. Tampoco el presidente Barack Obama ha podido mantener su promesa electoral, corroborada a los pocos días de su entrada en la Casa Blanca con una orden solemne de cierre del campo de detención para enero de 2010, que no se cumplió ni se cumplirá en su presidencia.

Obama se adscribe, forzado por las circunstancias, a la doctrina de Bush sobre la capacidad del presidente para ordenar la detención de los enemigos de EE UU sin atender a otro criterio legal que no sea la seguridad de los estadounidenses. Actúa con 48 de los 172 detenidos que quedan en Guantánamo como lo hace un jefe militar ante quienes le hacen la guerra. Esta actitud conducirá a recluir indefinidamente, quizá de por vida, a unos sospechosos que, en caso de comparecer ante un tribunal civil, serían absueltos por fallos clamorosos en su proceso, como es su secuestro y tortura para obtener la confesión.

El incumplimiento del programa electoral va más lejos que la mera ruptura de una promesa. Obama lesiona su teoría sobre la ejemplaridad de la que debe hacer gala EE UU en cuanto a derechos humanos, una bandera especialmente sensible ante los países sometidos a dictaduras o en trance de desembarazarse de ellas. La idea de la guerra global contra el terror que Bush declaró después del 11-S queda así revalorizada con unas actuaciones extrajudiciales que solo se admiten en tiempos bélicos.

Obama decidió en marzo habilitar un sistema de detención indefinida para Guantánamo mediante una orden ejecutiva basada en las prerrogativas presidenciales. Esta semana, el fiscal general ha ordenado el procesamiento del cerebro del 11-S y sus acólitos dentro de la jurisdicción especial militar. La Casa Blanca ha tomado así dos decisiones que conducen a la consolidación de un espacio de no derecho o limbo jurídico donde recluir a los restos de los ejércitos de Bin Laden capturados después del 11-S. Y lo hace gracias a los poderes excepcionales del presidente, que estuvieron en los orígenes de la desgraciada deriva bélica del presidente Bush.

Obama no ha podido, no puede, ni podrá. Lo que al final queda es el designio de su antecesor. Bush sí puede, más de dos años después de dejar la Casa Blanca.