Los jueces contradicen a Ibarra y sostienen que la reducción de escoltas es "drástica"

La polémica volvió a sacudir ayer el ámbito judicial vasco, que no era escenario de marejadas desde la llegada de Juan Luis Ibarra a la presidencia del Tribunal Superior. Y ha sido el propio Ibarra quien ha desencadenado esta vez la discordia con la firmación que hizo el miércoles de que la protección de los jueces frente a ETA se mantiene igual tras la tregua de la organización terrorista. No tardaron ayer en contradecirle varios magistrados a título particular y la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) a través de un duro comunicado.

Ibarra afirmó que todos los jueces vascos, salvo quienes se han negado a ello expresamente, mantienen la protección. Eludió concretar, sin embargo, que una decena de magistrados, algunos de los cuales ocupan incluso cargos de relevancia, se han quedado desde febrero sin uno de los dos guardaespaldas que antes les custodiaban. Esta reducción se ha compensado en todos los casos con la adopción de medidas complementarias como la contravigilancia.

La protección a varios magistrados ya se disminuyó hace dos meses

La APM rechaza cualquier rebaja que no se explique de forma detallada

Fue el consejero de Interior, Rodolfo Ares, quien el pasado mes de septiembre anunció una reorganización de la protección personal de los jueces que iba a basarse en una nueva evaluación de riesgos. No ha sido la retirada puntual de escoltas, sin embargo, la que ha puesto en pie a la judicatura, sino el miedo a una reducción mucho más drástica en las próximas semanas. Pese a la tregua etarra, este temor se ha incrementado tras conocer que los miembros del último comando detenido en marzo, el Otazua, disponían de información sobre algunos magistrados a los que habían realizado seguimientos.

La sección vasca de la conservadora APM se mostró contundente al cargar contra Ibarra por primera vez desde su toma de posesión hace un año. La asociación criticó que algunos magistrados han conocido la reducción de su protección personal "de forma indirecta, sin que nadie haya mantenido con ellos una entrevista a efectos de valorar sus riesgos". En este sentido, consideró que la merma del servicio de escoltas "no ha sido en absoluto aclarada" por parte del Departamento de Interior.

La agrupación conservadora de jueces desveló que con fecha 1 de abril estaba prevista una nueva reducción de guardaespaldas, pero aclaró que la decisión "se logró aplazar" finalmente hasta que la Administración cumpla "el deber elemental de contacto e información personal con cada interesado", que a día de hoy, en su opinión, no se ha realizado. Quizá por este motivo, la APM consideró que "no resulta sencillo explicar las declaraciones" de Ibarra, dado que conoce de primera mano "la situación y el acuerdo que hace una semana adoptó la Sala de Gobierno del Superior".

La asociación mostró su "más absoluto rechazo" a cualquier medida de reducción en los servicios de escolta "en tanto no se explique de manera pormenorizada y sin provocar agravios comparativos cuáles son las razones objetivas y que en cada caso concreto lo justifican". Todo un aviso a navegantes, si se tiene en cuenta que es la agrupación mayoritaria en los órganos de representación de la judicatura vasca. Una posición en la que no está sola, ya que coincide con la de magistrados progresistas de Jueces para la Democracia (JpD) e independientes.

Lo cierto es que el papel no se antoja sencillo para Ibarra, como máximo representante de una judicatura abocada a sufrir los mismos recortes de protección personal que se han aplicado ya a otros colectivos como el de los antiguos altos cargos o algunos políticos actuales. En esta decisión, adoptada de forma unilateral por parte de Interior, en la que confluyen dos causas principales: por un lado, el descenso de la actividad terrorista por parte de ETA y su tregua actual, por otro, la crisis económica y la consecuente necesidad de reducir el nivel de gasto.