La UE decidirá el futuro del vertedero tóxico de Cerdanyola

Edificar 4.000 viviendas sobre un vertedero que acumula toneladas de residuos tóxicos con riesgo de explosión puede ser una mala idea. El proyecto de la Generalitat y el Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) para construir una amplia área residencial en torno al cuestionado basurero de Can Planas ya había sido aprobado, pero ahora deberá supeditarse al criterio de la Comisaría de Medio Ambiente de la Unión Europea (UE). "Cerdanyola deberá acatar y cumplir lo que determine Bruselas", resolvió ayer por unanimidad la comisión parlamentaria de Territorio y Sostenibilidad a propuesta del PP.

La decisión sigue inquietando a los vecinos, que reclaman la descontaminación de la zona para evitar riesgos. "No se puede jugar con la salud de las personas", señaló un portavoz de la Plataforma Cerdanyola sin Vertederos. "Y es justo lo que pretendía la Generalitat", lamentó. Los continuos cambios de criterio sobre la peligrosidad de la zona alimentan esta sensación de que la Administración prefería improvisar sin necesidad de atenerse a un criterio preciso.

Bruselas tendrá ahora la última palabra sobre el embrollo de Can Planas: un proyecto residencial sobre un basurero incontrolado del tamaño de 18 campos de fútbol y con una profundidad que en algunos puntos alcanza los 40 metros. El plan marchaba a todo trapo incluso después de que la Generalitat recibiera en 2008 unos análisis del contenido de los vertidos. El informe arrojó que el vertedero acumula metales pesados, hidrocarburos y otros gases que siguen reaccionando, emitiendo gases inflamables y contaminando aguas subterráneas. Nada grave: el Gobierno catalán optó por sellar la mayor parte del basurero, lo que presuntamente garantizaba la seguridad de los vecinos, siempre que no se construyeran estructuras subterráneas, como garajes o sótanos, y el pasado octubre sacó a concurso el proyecto para sellar los residuos y edificar en la zona.

Dos meses después, el Ayuntamiento paralizó el plan y pidió consejo a la UE después de que EL PAÍS informara de los riesgos de Can Planas. El Parlament admite ahora que la situación implica riesgos, por lo que se requieren el criterio de la UE. "No ha cambiado nada, solo querían construir aquí sin importar lo que pasara después", interpreta la plataforma.