El PNV se queda solo mientras todos los grupos exigen datos sobre Epsilon

Cuando el Parlamento acaba de cerrar la comisión de investigación del caso Margüello -supuestas irregularidades en contratos de Sanidad con el tripartito- y avanza la del caso De Miguel -presunta trama corrupta que afecta al PNV alavés-, el análisis de otros dos asuntos sobre los que pesan sospechas se abren camino en la Cámara. Y en ambos ha sido el propio Gobierno uno de los impulsores de revelar lo sucedido: las subvenciones que recibió la escudería automovilística Epsilon-Euskadi en el Parque de Miñano y las presuntas ilegalidades en la Cámara de la Propiedad Urbana de Vizcaya.

Ambos casos salpican al tripartito Ibarretxe: el primero, a la consejería de Industria -al igual que la Diputación de Álava, ambas bajo mandatos del PNV- y el segundo, a la de Vivienda cuando la dirigía EB.

Tres de los citados a declarar están imputados en el 'caso De Miguel'

EB propone que el Parlamento analice la gestión en la Cámara urbana

El PNV se quedó ayer solo mientras todos los demás partidos de la Cámara (PSE, PP, Aralar, EA, EB y UPyD) registraban una iniciativa en la que solicitan un listado de comparecencias en la Comisión de Industria para aclarar las subvenciones y avales concedidas a Epsilon.

Los firmantes recuerdan en su iniciativa que la escudería presenta una situación económica y financiera "compleja", con unos fondos propios negativos de 1,4 millones y siete millones en pérdidas acumuladas en los últimos tres años. Y ello, tras haber recibido más de 6,5 millones de subvenciones públicas y cerca de 40 millones en créditos y avales públicos. La firma se encuentra en estos momentos en fase preconcursal.

La solicitud de comparecencia se registra apenas cuatro días después de que el consejero de Industria, Bernabé Unda, señalara, también en sede parlamentaria, que "parece" que en los avales otorgados a dicha compañía durante la última etapa del tripartito se incumplieron los requisitos legales.

Tres imputados por el caso De Miguel -Julián Sánchez Alegría, exdirector de la Red de Parques Tecnológicos; Alfonso Arriola exresponsable del Parque de Miñano, y Alfredo de Miguel, exdiputado foral alavés- figuran en esa lista. A ellos se suman Joan Villadelprat, presidente de Epsilon-Euskadi, y cinco altos y ex altos cargos, tanto del Gobierno como del Ejedutivo central y de la Diputación alavesa: Mauri Lazkano; ex director general de la SPRI; Arantza Zenarruzabeitia, actual diputada alavesa de Promoción Económica; Ana Aguirre, exconsejera de Industria; Juan Tomás Hernani, secretario general de Innovación del Ministerio de Ciencia, y el propio Unda.

Mientras, el coordinador general de EB y su único parlamentario, Mikel Arana, dio a conocer ayer que la presidencia de la formación decidió en su reunión de anteayer pedir que el Parlamento constituya una comisión de investigación sobre lo ocurrido en la Cámara de la Propiedad Urbana vizcaína. El Gobierno remitió la semana pasada a la fiscalía los datos de la investigación que ha realizado y que concluye apuntando indicios de malversación de fondos por cerca de medio millón de euros en la gestión de la entidad mientras estuvo bajo la responsabilidad de Vivienda, con EB a cargo de la consejería.

Arana anunció también que si el fiscal ve indicios de delito y remite las actuaciones al juzgado de instrucción, EB pedirá personarse en la causa como acusación particular.

Aunque se trataba de dar a conocer una decisión del máximo órgano ejecutivo de su partido, Arana eligió el Parlamento para hacerla pública. Precisó que fue adoptada por unanimidad, extremo nada irrelevante, dado el deterioro de la convivencia en la formación de izquierdas desde su salida del Gobierno en 2009.

El coordinador de EB, quien era director de servicios en la consejería cuando se produjeron los hechos, rehusó cualquier responsabilidad en lo ocurrido. Su dirección, afirmó, no jugó ningún papel en el proceso de liquidación de la Cámara, que el consejero y entonces líder de EB, Javier Madrazo, encargó a su delegado en Vizcaya, José María Gonzalo. Al parecer, este último desvió fondos hacia la producción de una película impulsada por Berdindu, el servicio de atención a homosexuales, que subcontrataba sus funciones a la asociación asistencial Aukeratu, de la que Gonzalo era también responsable.

Tras su comparecencia, la portavoz del Gobierno, Idoia Mendía, dejó manifiesta la predisposición del Ejecutivo a colaborar con la comisión parlamentaria que se pueda formar en todo lo que le sea solicitado y a enviarle cuanta información esté en su poder, en caso de que llegue a constituirse. Sin embargo, recalcó que quien mejor puede pronunciarse sobre la existencia o no de delito es la fiscalía.