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Editorial:

Vender o intervenir

El 'caso CAM' alienta el prejuicio de que las cajas están más dañadas por el 'ladrillo' de lo admitido

La fracasada operación de Banco Base, la operación financiera que iba a unir Cajastur, Caja Cantabria, Caja de Extremadura y Caja del Mediterráneo (CAM) es un claro contratiempo para la credibilidad de la reforma financiera en España. Las circunstancias del fracaso alimentan el prejuicio de que las cajas españolas manejan balances opacos, con activos tóxicos superiores a lo que se admite oficialmente.

Las asambleas de las cajas asturiana, extremeña y cántabra rechazaron casi por unanimidad la fusión, una vez comprobado que el saneamiento de la CAM requeriría más de 2.500 millones por una exposición al riesgo inmobiliario superior a la prevista. El futuro de la fusión es incierto (es probable que Cajastur, Caja de Extremadura y Caja Cantabria continúen con el propósito de unirse), pero la CAM queda como un grave problema político y financiero. O se vende, algo que no podría hacerse sin un costoso saneamiento previo, o se interviene, solución también onerosa.

El caso CAM llega cuando se consideraban cubiertas varias etapas decisivas en la reforma de las cajas de ahorros. Lo más probable es que la evidencia de la pésima situación de la CAM genere cierta desconfianza hacia los balances de otras cajas, justo cuando están en marcha las pruebas de resistencia y cuando los mercados de inversión parecen acechar cualquier debilidad económica, financiera o política, para disparar las posiciones especulativas cortas contra la deuda de un país.

Todas las operaciones de fusión deberían estar tuteladas por el Banco de España; por tanto, el regulador bancario tiene una responsabilidad en el fracaso. Cuando se monta una operación de fusión en la que participa una caja "de alto riesgo" (y la CAM, como otras, lo era) no es aceptable que se produzcan sorpresas en el esfuerzo de saneamiento requerido. Las dimensiones de los activos dañados de la CAM tendrían que haberse conocido por los actores de la fusión antes de que esta se pusiera en marcha. Pero no solo el Banco de España debe revisar su tutelaje; también los directivos de las cajas implicadas deben explicar por qué tenían un conocimiento deficiente de los balances de la CAM con la que iban a fusionarse.

La opción política más razonable es que las tres cajas prosigan la fusión, después de reelaborar sus planes ante el Banco de España, e intervenir la CAM con todas sus consecuencias. Y ello porque no cabe impunidad en la gestión de una entidad financiera. Si sus balances rompen una fusión, es necesario saber, intervención mediante, quiénes y a través de qué decisiones o errores provocaron un deterioro tan grave en una caja; si esas decisiones se ajustaron a las prácticas de una actuación prudente y qué normas hay que imponer para evitar que se repita otra ruina similar. Las respuestas a estas y otras preguntas revelarán mejor que cualquier teoría cómo se financió la burbuja inmobiliaria, quiénes se lucraron de ella y a quién hay que pedir responsabilidades por la sequía crediticia que sufren muchas empresas solventes.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 1 de abril de 2011