Antton Zubiaurre deja un 'agujero' de 5 millones en el patrimonio de Sprilur
La sociedad pública exigirá responsabilidades económicas si hay condena
El consejo de administración de Sprilur, la sociedad pública vasca que gestiona la compra de terreno para fines industriales, aprobó el pasado martes provisionar -hacer un apunte contable dando por perdido el dinero- 5 millones de euros por el quebranto económico causado por tres operaciones realizadas entre 2006 y 2008, durante el mandato del entonces director de Sprilur, Antton Zubiaurre. Del total, 3,1 millones corresponden a las pérdidas por las compras de terrenos en Santurtzi que investiga el Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao, una causa en la que Zubiaurre está imputado después de que Gobierno vasco presentara una denuncia por malversación de caudales públicos. El resto corresponde a otras dos operaciones con pérdidas detectadas por una investigación interna, que todavía no han trascendido.
El quebranto es por la compra de Santurtzi (3,1 millones) y otras dos operaciones
El consejo aprobó también enviar la decisión al juez para ratificarse en su denuncia por lo ocurrido en Santurtzi y exigir que, si la justicia avala que hubo responsabilidades penales, quienes sean condenados respondan por los daños económicos ocasionados. El desfase patrimonial se corresponde, según lo aprobado en el consejo, a la diferencia entre el precio pagado por los terrenos y su valor real de mercado.
Los hechos se remontan al año 2007, cuando Sprilur compró por más de 3 millones de euros varias hectáreas de suelo rústico en la localidad vizcaína. El entonces propietario de los terrenos es primo del presidente del PNV de Vizcaya, Andoni Ortuzar. De esa cantidad, cerca de 460.000 euros fueron abonados mediante un talón al portador, una práctica poco habitual en transacciones con Administración pública. Dicho talón acabó en manos del intermediario de la operación, el administrador de Avalancha Proyectos, según adelantó este diario en febrero pasado.
Zubiaurre, que ejerció como máximo responsable de Sprilur entre 2002 y 2008 durante el Gobierno de Ibarretxe, también está imputado por una presunta trama de espionaje informático. La investigación sigue en manos del Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao.
El consejo de administración de Sprilur también aprobó su informe de Gobierno corporativo para ganar en transparencia: la entidad hará público el sueldo de su director general, así como la pertenencia de miembros de su consejo a órganos de gobierno en otras empresas.
Las defensas del 'caso de Miguel' y las grabaciones
Los letrados de varios de los imputados por la presunta trama corrupta del caso De Miguel acudieron ayer al Juzgado de Instrucción número Cuatro de Vitoria que dirige la investigación para acceder a las 24 grabaciones con las que la abogada Ainhoa Alberdi respaldó su denuncia en diciembre de 2009. Las defensas querían escuchar los ficheros de audio para rebatir así el informe de la Ertzaintza que da por confirmado que varios los exdirigentes del PNV alavés Alfredo De Miguel y Aitor Tellería, intentaron extorsionar a la letrada exigiéndole que les pagase una comisión tras haber cobrado 441.000 por asesorar el proceso de ampliación del parque tecnológico de Miñano en Álava. En total, hay 14 imputados en la causa dirigida por el juez Roberto Ramos y el Fiscal Jefe de Álava, Josu Izaguirre.
Cuando interpuso su denuncia, Alberdi aportó estas 24 grabaciones en formato digital para avalar su versión de los hechos. Los archivos reflejan conversaciones con Jon Iñaki Echaburu, su ex socio en Urbanorma, la empresa que se llevó el contrato de asesoramiento en Miñano sin pasar por ningún proceso de adjudicación; el presidente de la Red de Parques Tecnológicos del País Vasco, Julián Sánchez Alegría; Sergio Fernández Oleaga, administrador de Stoa, otra empresa de confianza de De Miguel que consiguió un contrato urbanístico posterior en Miñano; y los propios De Miguel y Tellería.
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