¡Cuidado con los impostores!

Pedro Zalba, eurodiputado del PP, se ha declarado víctima de una impostura. "Quisieron tenderme una trampa", proclama, seguro de que el estatuto de víctima le librará de la vergüenza pública. Unos periodistas de The Sunday Times se hicieron pasar por enviados de un grupo de presión (en Bruselas pululan no menos de 20.000 asesores de grandes empresas laborando entre eurodiputados para fabricar leyes al dictado) y se entrevistaron con Zalba en Estrasburgo. Sugirieron algunas enmiendas financieras y lanzaron como cebo una supuesta asesoría empresarial para el popular navarro (de la cuerda de Mayor Oreja) dotada con unos 100.000 euros anuales. Zalba aceptó las sugerencias y presentó una enmienda a una directiva comunitaria con los mismos argumentos y palabras que le habían soplado en el oído. Las conversaciones fueron aireadas por el Sunday; ahora, Zalba, que no aceptó los 100.000 euros, está bajo investigación de la oficina antifraude europea, igual que otros tres eurodiputados que también cayeron en "la trampa" propia de un reality televisivo. Un austriaco, un eslovaco y un rumano.

Una vez destapado el caso, el PP se dispone a recorrer todos los cerros de Úbeda necesarios para reducir el bochorno propio y ajeno a un caso de ingenuidad. Dice Zalba que, a diferencia del eslovaco, austriaco y rumano, no aceptó el dinero y que la enmienda que presentó como mediador de los supuestos lobbistas "protege a los pequeños inversores". Poca tierra parece para enterrar el asunto. Cuatro parlamentarios que se dejan embaucar por una charada con periodistas disfrazados de enviados de un lobby merecen la irrisión pública.

El fondo de la cuestión, y ya es deprimente que haya que recordarle al PP distinciones elementales, no es si Zalba cobró o si su enmienda defendía a los ciudadanos. Se trata más bien de que su actitud desvela la desprejuiciada connivencia de los legisladores con los mensajeros de los lobbies. Zalba y sus tres colegas demostraron la escalofriante naturalidad con que un eurodiputado negocia y acepta lo que un grupo de presión le dice que negocie y acepte. El caso Zalba invita a preguntarse quién legisla en Europa y a temer por la respuesta.