Boda forzosa, mejor prohibida

Cuando María (nombre ficticio) pisó L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) se buscó la vida para decirle a una maestra suya en Italia lo que le ocurría: la habían casado a la fuerza con su primo. La cría, de 16 años, le envío un mensaje de texto desde el móvil y le indicó dónde se encontraba. La maestra contactó con los Mossos d'Esquadra, que la rescataron de lo que consideran un matrimonio forzado, que acarreó abusos sexuales y violencia. María nació en un pequeño pueblo del Atlas, en Marruecos.

María cumple con el perfil de mujer que puede ser víctima de una boda forzosa: es menor de edad, procede de una zona rural y de un país musulmán, donde este tipo de prácticas siguen vigentes en algunas áreas.

La justicia va contra los enlaces indeseados porque implican abusos

Las víctimas son menores cuyas familias proceden de zonas rurales

En Marruecos, el 10% de los enlaces en zonas rurales afecta a menores

"No hay nada en la doctrina del islam que lo tolere", afirma una experta

Los enlaces muchas veces se arreglan entre primos, lo que reduce aún más el margen de maniobra de la mujer. Cuando Nacira, la mujer cuyo marido mantuvo encerrada en Viladecans (Barcelona), acudió a su madre para denunciar lo que ocurría, esta le contestó que así era el matrimonio en la familia a la que pertenecían marido y mujer.

María, sin embargo, partía con ventaja: llevaba nueve años viviendo en la región italiana de Lombardía, lo que le había permitido salir de su pequeño círculo en el Atlas y conocer otras maneras de ver el mundo. María sabía que no tenía por qué soportar esa situación contra su voluntad y decidió ponerle fin.

No todas las potenciales víctimas de enlaces indeseados pueden decir lo mismo. "La educación es la herramienta fundamental para que la mujer confíe en sus posibilidades, venga de donde venga", explica Laure Rodríguez, presidenta de la Unión de Mujeres Musulmanas de España y trabajadora social desde hace más de 20 años.

El Código Penal no persigue el matrimonio forzoso como tal. Ni en España ni en la inmensa mayoría de países. Existen formas de perseguirlo, porque suele llevar aparejados otros delitos: agresión sexual, detención ilegal, violencia en el hogar e incluso secuestro. ¿Es esto suficiente para evitar el sometimiento de decenas de mujeres o sería necesaria una reforma penal? Aunque parezca raro, las bodas forzosas son una realidad (no cuantificada) en España.

El Partido Popular anunció el viernes, a raíz del caso de María, que planteará una iniciativa legislativa en el Congreso para que este tipo de enlaces no consentidos tenga un lugar en el Código Penal. Los expertos no expresan una opinión unánime. La exdirectora del plan de seguridad contra la violencia machista de la Generalitat, Alba Garcia, no alberga ninguna duda: "Sería una forma de dar visibilidad a esta realidad oculta y de perseguirla con más fuerza. Más aún: debería poderse juzgar un enlace de este tipo aunque se haya producido fuera de España", afirma. García pide algo similar a lo que ya ocurre con la mutilación genital femenina, que se persigue sin distinción del lugar donde se practica.

La profesora de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Barcelona, Dolors Bramon, expresa ciertas dudas sobre la eficacia de esa medida: "Sería difícil de probar. El problema es que, muchas veces, la víctima no es consciente de que lo es y vive el enlace como una situación normal".

El sociólogo y experto en islam Jordi Moreras considera que la justicia debe intervenir en casos puntuales, cuando se infringe la ley; por ejemplo, "cuando una mujer ha sido violada". Pero insiste en diferenciar esos hechos de los "matrimonios concertados", que atribuye más a un propósito de las familias de mantener ciertas tradiciones muy arraigadas, aún hoy, en algunas zonas de una franja geográfica muy amplia que abraza desde el Magreb hasta Pakistán. "Solo con un cambio legal no se cambiarán las conciencias", dice Moreras.

Cataluña inició en 1999 la lucha contra estos enlaces y es la única comunidad autónoma que dispone de datos. Los Mossos d'Esquadra aseguran haber evitado 44 matrimonios forzados. En el resto de España, la policía trabaja con denuncias concretas, pero no lleva un seguimiento específico. El Gobierno catalán se basa en el modelo del Ministerio de Exteriores británico, donde existe un departamento especializado desde hace una década.

Solo en 2010, la Unidad de Matrimonios Forzados de aquel país recibió 1.735 solicitudes de intervención. El 86% afectaba a mujeres y el 14%, a hombres. "No creemos que los datos reflejen una realidad que, a nuestro entender, es aún peor", asegura por escrito un portavoz del Foreign Office.

Una de cada cinco víctimas era menor de edad. Según un estudio de Unicef, en el mundo hay 60 millones de niñas víctimas potenciales de esos enlaces. En Reino Unido existe, desde 2007, una ley que protege a las víctimas. "Es necesario un marco legal para enviar el mensaje de que es una práctica abusiva y que no se permitirá", indica ese portavoz. La medida, añade, debe ir acompañada de la formación de todos los estamentos sociales.

La práctica no afecta exclusivamente a mujeres marroquíes. "El matrimonio forzado no es un problema específico de una única comunidad, etnia o religión. Nosotros trabajamos con casos de Oriente Próximo, África, Europa del Este e incluso otros casos que afectan únicamente a Reino Unido", asegura. La profesora Bramon remacha, en ese sentido, que "no hay nada en la doctrina del islam que tolere esas prácticas". Cosa distinta, dice, es que "haya personas musulmanas que lo practiquen".

El matrimonio forzoso es la expresión más grave de un cierto sometimiento al que, según los expertos, se ven abocadas algunas mujeres en España. Los últimos casos que han salido a la luz pública con especial virulencia dibujan el perfil de una mujer de origen magrebí, casada muy joven con un pariente y sumida en una situación de aislamiento.

En Marruecos, la situación es dispar. En las grandes ciudades como Rabat o Casablanca, los matrimonios forzados son residuales. "Estamos encima del tema y luchamos por evitarlos", explica Pilar Duat, directora de Intermon Oxfam en el reino alauí. Duat añade que, aunque aún existen disposiciones discriminatorias contra las mujeres, en 2004 se reformó el Código de la Familia, que rige el estatuto de la mujer. "Desde entonces, los 18 años son la edad legal para el matrimonio y es necesario el consentimiento de los dos contrayentes", cuenta. Antes, no existía una edad mínima.

El problema, sobre todo, radica en las zonas rurales. Un 10% de los matrimonios en los pueblos involucra a menores, según datos del Ministerio de Justicia que maneja la asociación Liga Democrática por los Derechos de las Mujeres (LDDF, en sus siglas en francés). "Trabajamos en campañas de sensibilización y organizamos caravanas que viajan por Marruecos para hablar de los derechos de la familia", explica Jamila Garmouma, miembro de la delegación en Rabat de LDDF. ¿Qué ocurre cuando esas mujeres llegan a España? "Las mujeres emigradas están regidas por el código marroquí, que establece las relaciones entre el hombre y la mujer", cuenta Garmouma. El problema, asegura, es que "mucha emigración sale del mundo rural y sin estudios".

Eso hace que en muchas ocasiones la situación de sometimiento no sea vista como un problema a denunciar. Para solucionar esta situación es fundamental un cambio de mentalidad. "Lo deseable es que con las nuevas generaciones desaparezca, pero el peso de la tradición en algunos grupos sociales magrebíes, sobre todo de la zona del Atlas, es muy fuerte. Todavía hoy, muchos padres creen que son propietarios de sus hijas", indica Bramon. A pesar de eso, la profesora asegura que se está produciendo un pequeño cambio.

Y las autoras de ese cambio son, sobre todo, las más jóvenes. Como Mariam El Mouden, de la Asociación Árabe de Educación y Enseñanza: "Tengo amigas que se enfrentan a sus padres porque no les dejan hacer tal o cual cosa. Ellas han nacido aquí, se han criado aquí". Añade, riendo, que de todos modos no conoce a ningún padre que encierre a sus hijas en la habitación. Jordi Moreras advierte de que el cambio de mentalidad requiere prudencia: "No deben pensar que se les pide que renuncien o escapen a su tradición".

El mantenimiento de esa tradición genera miedo en muchas de las familias inmigrantes. "Las jóvenes ahora denuncian más. Eso a veces asusta a las familias de personas inmigrantes que están en España desde hace mucho tiempo. Los conflictos son intergeneracionales, pero también por la mayor libertad de la mujer, que hace que algunas familias se sientan atacadas", explica Alba García, quien sostiene que oponerse a un matrimonio forzoso y escapar de él suele suponer la ruptura de los lazos familiares. "A veces, los padres usan métodos duros para evitar que sus hijas escapen a su control. Las atan en corto", añade.

Esa ruptura puede llevar a verdaderos dramas asociados al proceso migratorio. "Hay mujeres que vienen aquí, que han tenido relaciones de pareja más libres en sus países, que cuando sus maridos ven el nivel de libertad, el referente de la mujer que hay, se asustan y ejercen más control", explica una especialista en igualdad de la Comunidad de Madrid. "Estamos detectando a mujeres con depresiones asociadas con el aislamiento. Sobre todo, de origen paquistaní. Allí participan en el espacio público, segregado. Esa no es nuestra realidad", constata Rodríguez.

A eso se suma que muchas de esas mujeres cuando llegan a España no hablan el idioma, han llegado por reagrupación familiar y, en el caso de que dejen a sus maridos, no tienen opciones para trabajar. En casos "muy puntuales", asegura Rodríguez, las condena a la prostitución.