La juez que examina a la Junta

La controvertida magistrada Mercedes Alaya exige una ingente documentación al Gobierno por el caso de los ERE y le pone en el mayor aprieto de la última década

Todos los ojos están puestos en ella. Detrás del mayor escándalo de corrupción política investigado ahora en Andalucía figura una juez controvertida: Mercedes Alaya. Su investigación en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos acapara el debate político y ha puesto en jaque al Gobierno, que sufre la situación más comprometida en la última década.

La magistrada ha censurado al PSOE en sus escritos, ha denunciado a dos abogados y lleva meses bajo el foco mediático por instrucciones tan polémicas como el caso Betis, que analiza la gestión de la Sociedad Anónima Deportiva (SAD) del club por parte de Manuel Ruiz de Lopera, o el veto del Ayuntamiento de Sevilla a un homenaje al escritor franquista Agustín de Foxá. Pero toda investigación queda ensombrecida por el caso de los ERE, que le hace protagonizar titulares a cinco columnas. Esta semana sus pesquisas han subido otro peldaño más al trascender que ha exigido a la Junta las actas de los Consejos de Gobierno (480) y de los consejos de dirección de cuatro consejerías (más de 300) durante la última década, además de sus organigramas completos. De momento, ya posee 65.000 folios para examinar, pero la cifra aumentará esta semana. ¿Se trata de una causa general contra la Junta?

La magistrada tiene 65.000 folios para examinar, pero la cifra aumentará
Alaya busca aclarar la relación de los intrusos con "algún partido político"

Las respuestas son divergentes, pero es indudable que ningún juez u organismo ha sometido a un examen tan exhaustivo la gestión del Gobierno autonómico en pleno. El Ejecutivo está atrapado: muchos altos cargos indignados sugieren poner freno a las peticiones "extralimitadas" de la juez. Sin embargo, el presidente José Antonio Griñán defiende la estrategia de la transparencia total. La doctrina interna es no polemizar para evitar una supuesta colisión entre el poder ejecutivo y el judicial. Además, la Audiencia Provincial suele respaldar las decisiones de Alaya y la Junta tendría las de perder.

Lo cierto es que la investigación ha desarticulado una trama que defraudó al menos nueve millones y la policía ya ha detenido a 15 miembros de esta red. La juez ha puesto al descubierto a un grupo de políticos, empresarios, intermediarios y amigos de todos ellos que socavaron las arcas públicas. Y la dimensión del escándalo empequeñece cualquier duda jurídica, de ahí que la estrategia de la Junta sea entregarse en cuerpo y alma, y haya creado un equipo de 20 personas para atender sus solicitudes, después de que esta acusara al Ejecutivo de "falta de colaboración".

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

"Ha pinchado en carne y ha dado con el jamón de pata negra de una empresa pública. Pero alguien tendría que hacer un dictamen para ver hasta qué punto puede inmiscuirse una juez en el Ejecutivo. Ella considera a la Junta culpable, ha pedido indiscriminadamente las actas de los Consejos de Gobierno y ahora está buscando pruebas de delito. Y eso es ilegal en Derecho", afirman fuentes del caso. Otras voces disienten: "Ella investiga el manejo del fondo para empresas en crisis. Pide información a la Junta y habrá cosas relevantes y no relevantes. Y lo que no sirva se devuelve y punto".

Al margen de la trama que malversó el dinero público, el caballo de batalla de Alaya son los tres informes consecutivos de la Intervención General de la Junta, que desde 2005 alertaron de que el trámite para dar estas subvenciones a los ERE prescindía del procedimiento legal. La polémica afecta a Griñán porque entonces era consejero de Economía, de quien dependía la Intervención. Los ataques del PP al presidente por los informes de la Intervención han coincidido en el tiempo con las tesis de Alaya, pese a que estas figuraban en autos bajo secreto de sumario. Mientras, la juez busca aclarar la relación de los intrusos "con la propia Junta, con algún partido político, algún sindicato o con algún cargo público".

"La ley ampara que el Gobierno establezca un procedimiento para conceder subvenciones excepcionales. Si las formas no están del todo correctas, eso no es delito. El PP vende que todo el sistema es putrefacto y no es cierto. Para Alaya, cualquier irregularidad en el ámbito administrativo se convierte en delito", censura un letrado del caso. No faltan voces que alaban su dedicación: "La veo muy precisa al razonar sus decisiones y no infiere respuestas", defiende una fiscal.

Su último año ha sido convulso. El pasado otoño superó una recusación planteada en el caso Mercasevilla porque su marido fue auditor de la empresa pública durante siete años y ello afectaba a su debida imparcialidad, según la fiscalía. Alaya siempre fue una mujer de carácter y lo demuestra con la prosa de sus autos. También en el cara a cara. La temperatura de sus interrogatorios ha sido en ocasiones muy alta. Además, ha denunciado ante el Colegio de Abogados de Sevilla a dos letrados por sus escritos. A uno de ellos le acusó de pretender "el ataque personal" contra ella. El enfrentamiento que mantuvo con el PSOE fue notorio en la dialéctica procesal del caso Mercasevilla y acusó a la defensa del partido de tener una actitud "lamentable" e "injusta". Ahora, su examen a la gestión de la Junta puede tener consecuencias imprevisibles.

Mercedes Alaya a la salida del juzgado.
Mercedes Alaya a la salida del juzgado.ALEJANDRO RUESGA

Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo

Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS