El PNV se queda solo en defensa de la actuación foral en Zambrana

PP, PSE, EA y ANV avalan el dictamen de la comisión - Aralar se abstiene

Todos los partidos, salvo el afectado por la supuesta trama corrupta del caso De Miguel, el PNV, coincidieron ayer en que la Diputación alavesa actuó de forma irregular en la tramitación de la fallida recalificación de terrenos en el Ayuntamiento de Zambrana que la justicia investiga por si se produjo un pago de comisiones ilegales. En el último pleno de las Juntas Generales de esta legislatura, el PNV se quedó solo al rechazar el dictamen final de la comisión foral de investigación.

Todos los grupos, salvo Aralar-EB, que se abstuvo, aprobaron el dictamen, que apunta al PNV como nexo común de una trama que insistió en sacar adelante una operación urbanística modificando las normas subsidiarias del Ayuntamiento que era "contraria" a las normas de ordenación del territorio y que no contaba con informes suscritos por ningún técnico cualificado.

Las conclusiones dejan en incómoda posición al sucesor de De Miguel

Las críticas más duras salieron precisamente de los componentes del polo soberanista. "He salido defraudado. Lo que parecía algo loable en un pequeño municipio ha sido prostituido por quienes vieron una oportunidad de engordar sus cuentas bancarias", señaló Patxi Martínez de Albeniz, de EA. "El dictamen es fruto de la comisión, no es un documento de PP y PSE", incidió Aitor Bezares, de la ilegalizada ANV, quien añadió la necesidad de "un cambio de modelo de gestión" y cargó sus tintas contra la "trama político-financiera alavesa".

Poco antes de escuchar las duras críticas abertzales, el peneuvista Ramiro González insistió en que PP y PSE habían "manipulado" los hechos en las conclusiones finales como "estrategia electoral", recurriendo al testimonio de un técnico que, según EA y PSE, concurrió en las listas del PNV en algún proceso electoral.

A pesar de considerar que la operación "huele a tráfico de influencias", Iñaki Aldekoa, de Aralar, se mostró benévolo al considerar que el dictamen final era demasiado agresivo con el PNV alavés. "No estamos juzgando a un partido, si no a esta Diputación", argumentó. Con el diputado general, Xabier Agirre, sentado en su escaño sin intervenir, los portavoces socialista y popular, Txarli Prieto y Javier de Andrés, respectivamente, quienes rivalizarán con Agirre en las urnas el 22-M, optaron por dejar en manos de sus correligionarias Cristina González (PSE) y Marta Alaña (PP) las intervenciones finales. La primera recordó que a partir de ahora el ente foral deberá informar a los grupos de las recalificaciones en trámite en pro de la transparencia, mientras que la segunda alertó de que la recalificación finalmente aprobada -primero se habló de 120 hectáreas, pero terminó en 21- no aguantaría un recurso en los tribunales.

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El dictamen deja en incómoda posición al sucesor de De Miguel como diputado foral, Iñaki Nafarrate. Fue uno de los dos responsables forales que votó cn contra de los informes medioambientales que hacían inviable la recalificación en la comisión de ordenación del territorio de marzo de 2009.

Arruti cuenta su inundación al juez

Mientras las Juntas alavesas han aprobado el envío de sus conclusiones finales al Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, los encargados de la investigación, el magistrado Roberto Ramos y el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, respaldados por la Unidad de Delitos Económicos de la Ertzaintza, siguen las pesquisas judiciales sobre la derivada de Zambrana del caso De Miguel.

Entre las actuaciones practicadas recientemente, el juez solicitó a Sidepur, firma administrada por el peneuvista Josu Arruti y amigo del exdiputado foral Alfredo de Miguel, los supuestos informes técnicos por los que Kataia, empresa que De Miguel controlaba a través de su esposa junto a otros imputados, cobró 180.000 euros en el marco de la operación de recalificación de terrenos de Zambrana.

Arruti ha remitido al juez la misma respuesta que el PNV empleó en sus alegaciones al dictamen de la comisión Zambrana: una inundación en su oficina le ha impedido hasta ahora remitir los informes de Kataia.

De Miguel consiguió gracias a la operación otros 20.000 euros a través de una constructora de la que era apoderado, Eskalmelo. También recibió, junto a otros militantes del PNV, un crédito de entre 200.000 y 300.000 euros de la promotora de la operación en Zambrana, Riera Urbanizer, para comprar unos terrenos en Frúniz.

El juntero del PNV Ramiro González volvió a insistir en el pleno de ayer que Arruti citó en su comparecencia ante la comisión dicha inundación, aunque los demás partidos afirman lo contrario. Ayer matizó que tal vez lo dijo "en apartado".

Las conclusiones del Legislativo provincial serán enviadas también al Parlamento vasco, que iniciará sus pesquisas a partir de la información recopilada por los junteros. La comisión de la Cámara autonómica tendrá una oportunidad de esclarecer los puntos oscuros pendientes, como el papel que jugó la sociedad pública Sprilur en la operación.

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