El Parlamento reclama garantizar las ayudas urgentes a los más necesitados

Los movimientos del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales en materia de ayudas causan recelos y críticas en el Parlamento. La Cámara debatió ayer otro de los cambios que ha realizado la consejería que encabeza Gemma Zabaleta en este ámbito, más en concreto en las Ayudas de Emergencia Social (AES) y la orden que las regulará este año. Esos recelos llevaron a PSE y PP a firmar una enmienda transaccional para que el departamento evalúe en un mes el impacto de la orden y se modifique si se producen situaciones en que personas con necesidades extremas quedan desatendidas.

Los cambios que lleva implícitos la normativa para este año han sido criticados al endurecer los requisitos de acceso a las ayudas. Se ha rebajado de 40.000 euros a 8.000 el patrimonio máximo -aparte de la primera vivienda y otras excepciones- para poder solicitarla. Además, se han introducido nuevas limitaciones, como no pagar para cubrir deudas previas ni concedere más de 12 meses de AES para el pago de una hipoteca.

El PSE recalca que que derogar la orden obligaría a dejar de pagar las ayudas

Zabaleta abordó la cuestión el pasado martes con el presidente de Eudel

PNV, EB, Aralar y EA critivcaron estos "recortes" que está efectuando la consejería. La parlamentaria peneuvista Eider Mendoza lamentó que "el Gobierno ha hecho una apuesta clara: no poner más dinero y reducir la ayuda". Los cuatro grupos habían acordado la iniciativa original, que instaba a suspender la polémica orden.

Socialistas y populares echaron mano de su mayoría parlamentaria para tumbar la iniciativa. Ambos grupos centraron sus argumentos no tanto en la defensa de la orden en sí, que también ha sido criticada por sindicatos como ELA, sino más bien en las consecuencias que tendría ahora derogarla. "Suspender la orden impide distribuir los recursos económicos", aseguró la socialista Teresa Laespada, y, por tanto, implicaría suspender al mismo tiempo el pago de las AES. Por todo ello, consideró una "irresponsabilidad" la iniciativa original. La popular Laura Garrido subrayó la "indefensión de los Ayuntamientos" si se pordujese esta situación.

La resolución aprobada únicamente con los votos de PP y PSE pide que se evalúe en un mes del impacto de la orden. Varios grupos coincidieron en que el 60% de los Ayuntamientos, las instituciones competentes para tramitar esta ayuda, no están aplicando todavía la nueva norma. Laespada defendió la nueva medida, que según Eudel dejaría fuera al 35% de las personas que recibieron las AES el año pasado, porque "una persona con más de 8.000 euros está en la disposición y en la obligación de utilizar sus propio patrimonio antes de utilizar los servicios públicos".

La Cámara pide también que se analice el prsupuesto previsto (17,3 millones), cantidad que ya se mostró insuficiente en 2010. La resolución abre la vía a la posibilidad de revisar y modificar la orden para que se "garantice la finalidad y el destino de las AES" y se evite que quede "desatendida" una situación de emergencia o de extrema necesidad. La resolución fue aprobada con Zabaleta, quien el martes trtaó este asunto con el presidente de Eudel, Jokin Bildarratz, presente en la Cámara

Mikel Arana, de EB, rechazó "no solo a la orden, sino el desarrollo de la Ley para la Garantía de Ingresos", que regula las ayudas sociales, y censuró los pasos de un Gobierno "desbordado" por las peticiones de ayudas. La parlamentaria de Aralar Aintzane Ezenarro destacó que el Gobierno "ha tomado el camino de los recortes de la mano del PP".