La Cámara pide compensaciones para los hosteleros por la ley antitabaco
Los Gobiernos central y vasco deberán buscar "vías para establecer compensaciones" a aquellos hosteleros que realizaron reformas para adaptar sus establecimientos a la ley antitabaco que se aprobó en el Congreso en 2005. Todos los grupos parlamentarios, excepto el PSE, se unieron ayer en la Cámara para respaldar esta petición, a iniciativa de Aralar.
La portavoz socialista en esta materia, Teresa Laespada, explicó su posición asegurando que tan solo el 1% de los locales fue adaptado a la ley, que permitía fumar en restaurantes y bares si contaban con espacios diferenciados. Laespada centró sus acusaciones en el PNV, al que criticó por realizar "un giro e intentar captar votos" en el sector hostelero. "El Gobierno de España no va a poner medidas especiales para los hosteleros vascos", espetó. La peneuvista Miren Josune Gorospe cargó contra la parlamentaria socialista y le replicó que "es responsabilidad del poder público responder de las leyes que aprueba".
Carmelo Barrio, del PP, volvió a defender este tipo de compensaciones porque se trata de un gasto "motivado por un cambio normativo muy brusco que ha tenido consecuencias económicas palpables".
Contratos irregulares
La Cámara aprobó también en el pleno de ayer una resolución consensuada entre PSE, PP y UPyD en la que se insta al Gobierno a rescindir los contratos en la Administración pública cuando los tribunales, la Inspección de Trabajo o el Tribunal de Cuentas los consideren irregulares o ilegales. .
La iniciativa plantea actuar "con carácter preferente" acordando despidos para que el puesto cubierto con ese tipo de contratos -como los polémicos mercantiles de ETB- pase a ser desempeñado por personas elegidas atendiendo a los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. La Cámara pidió que se recoja como primera opción la rescisión de contratos indemnizando a estas personas.
El texto también hace hincapié en aplicar "con rigor" los mecanismos y las sanciones legales previstas, tanto para funcionarios como para directivos. Insta además al Gobierno a eliminar el fraude en las distintas modalidades de contratación laboral y pide al Ejecutivo que "redoble esfuerzos" para reducir la interinidad.
El PNV se abstuvo en la votación, cuyo texto completo fue apoyado por PSE, PP, UPyD y Aralar, mientras que EB y EA discreparon en el apartado de las sanciones legales a funcionarios y directivos.
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