La juez investiga todas las reuniones del Gobierno andaluz desde 2001

La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos subvencionados por la Junta de Andalucía, Mercedes Alaya, quiere fiscalizar gran parte de la actuación del Gobierno autónomo desde 2001. La magistrada desconfía de la información facilitada hasta ahora por el Ejecutivo socialista andaluz y, en un auto, ha solicitado copia de las actas de los Consejos de Gobierno de Andalucía (480), así como de las de los consejos de dirección de las consejerías de Presidencia, Empleo, Economía e Innovación y Hacienda en la última década.

La juez, que ayer trasladó a las partes los cuatro tomos de diligencias, investiga la inclusión en algunas de las empresas beneficiadas por las ayudas a los ERE de 72 intrusos (personas que nunca habían trabajado allí) y la legalidad del fondo para empresas en crisis dotado con 647 millones.

La Intervención alertó de que el trámite para las ayudas era irregular

La juez cuestiona la forma en que el Ejecutivo andaluz dio las subvenciones

El equipo de Griñán tendrá que aportar las actas de 480 consejos

Alaya cree que el número de intrusos supera los 72 que halló el Ejecutivo

La clave son tres informes consecutivos de la Intervención General de la Junta, que desde 2005 alertaron de que el trámite para dar estas subvenciones a los ERE prescindía "de forma absoluta del procedimiento administrativo previsto en la ley". La juez estima que tras ese informe de cumplimiento, la Intervención debió emitir otro informe de actuación ya que existían "circunstancias que podían ocasionar un importante menoscabo de fondos públicos", de ahí que haya pedido esa ingente cantidad de información, que la Junta deberá entregar en las próximas 48 horas. El Gobierno andaluz ha negado en las últimas semanas la existencia de ese informe y que recibiera una alerta de uso irregular del dinero público.

La juez subraya en términos muy duros que la inexistencia de informes de actuación supone un "evidente e intencionado incumplimiento del decreto de 1999" que debía regir el control financiero permanente de estos fondos. Mientras que el PP ha acusado al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, de conocer los reparos de la Intervención durante su etapa como consejero de Economía, el Ejecutivo andaluz defiende que Griñán desconoció los informes y asegura que no existió ningún código rojo que encendiera las alertas sobre malversación de fondos públicos. Cuando la Intervención se pronunció contra el trámite administrativo hizo una auditoría aleatoria de 20 expedientes en los que "consideró correctos desde el punto de vista de la gestión de los recursos, pero no del procedimiento", según el consejero de Empleo, Manuel Recio,

En su último auto, la magistrada solicita a la Junta los organigramas de las consejerías afectadas desde 2001, la composición del Gobierno andaluz desde esta fecha, así como un centenar de documentos como los presupuestos del Instituto de Fomento de Andalucía, auditorías y cuentas anuales. A pesar de la investigación interna que ha llevado a cabo la Junta y que ha hallado 72 intrusos y 111 trabajadores con irregularidades administrativas en los ERE, Alaya censura su "falta de colaboración" para entregar la documentación que requiere. "La denuncia de la Junta es a todas luces incompleta e insuficiente para que se puedan deducir las irregularidades enumeradas", censuró Alaya en un auto. La Junta ha entregado hasta la fecha 25.000 folios a la juez con la información requerida, según el Gobierno autónomo.

En esa resolución la magistrada exige al Ejecutivo que aclare las divergencias numéricas en los diferentes ERE: por qué en la empresa Saldauto señala solo tres intrusos cuando existen indicios de que serían ocho, y por qué en Hitemasa identifica a una sola intrusa cuando la policía ya había identificado al ex gobernador civil César Braña entre otros. Además, la juez subraya que la Consejería de Empleo destinara 3,8 millones para un expediente de solo 18 trabajadores de Bonpunt y en cambio para un colectivo de 34 asegurados en la empresa Cydeplast destinó 292.548 euros.

Las peticiones de la juez buscan depurar cualquier fleco en una investigación compleja y que se prolongará durante meses. En otro auto, Alaya exigió los datos de las consultoras que intervinieron en los ERE, la relación de los intrusos "con la propia Junta, con algún partido político, algún sindicato o con algún cargo público". La policía ya ha identificado una póliza a nombre de la suegra del ex director general Javier Guerrero y otra a nombre del empresario Álvaro Ruiz-Mateos por 2,4 millones por deudas relacionadas con su empresa Dhul.

El fondo para empresas en crisis incluía 87 millones en ayudas directas a empresas, asociaciones y Ayuntamientos distribuidos con un criterio discrecional, y que a menudo carecieron de estudios de viabilidad y seguimiento a posteriori. Ahora, la juez solicita el listado completo de todas las empresas beneficiadas. Entre ellas destaca Matadero de Sierra Morena, propiedad de un exconcejal socialista y que recibió 9,2 millones en ayudas, de la que también pide "copia íntegra y compulsada de su ERE".

Mientras que la consejera de Presidencia, Mar Moreno, consideró "absolutamente normal" que la juez solicite "información adicional y aclaraciones" a la Junta, el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, estimó que las diligencias confirman la existencia de una "trama" y que Griñán "obstruye" la labor de la justicia.

El exconsejero de Empleo Antonio Fernández, imputado por malversación, tráfico de influencias y prevaricación, y el senador y secretario general del PSOE sevillano, José Antonio Viera, firmaron en 2001 el convenio que la juez cuestiona ahora.