700 personas piden datos sobre sus casos en la nueva oficina de víctimas de la Audiencia

La información es una de las principales demandas, sino la mayor, de las víctimas del terrorismo. Siempre se han quejado de las dificultades para acceder a los expedientes sobre sus casos y para conocer la situación penitenciaria de los presos. La futura ley de víctimas del terrorismo que se tramita en el Congreso recoge específicamente la existencia de una oficina con los adecuados mecanismos de información. Mientras tanto, la oficina de la Audiencia Nacional ha sido reforzada recientemente con un funcionario enviado por el Gobierno vasco para atender sus demandas. Y, en apenas tres semanas, casi 700 víctimas han pedido información sobre sus casos.

La funcionaria, pagada por el Ejecutivo de Patxi López en virtud de un acuerdo firmado con el Consejo General del Poder Judicial, ha elaborado desde entonces dos bases de datos, una con 312 peticiones de información sobre víctimas de atentados cometidos entre 1978 y 2009 que les ha trasladado una asociación y otra con 386 casos incorporados a partir de demandas individuales. Se ha comenzado ya a procesar toda la información para ver cómo están los expedientes y las causas sobre las que se han solicitado datos.

Además, se podrá también pedir en la oficina que se cumplan el resto de los derechos que recoge la ley de víctimas del País Vasco de 2008, como que se les facilite el acceso a los procedimientos y recursos jurídicos, económicos, técnicos y psicológicos o tener un acompañamiento personal en los juicios.

La consejera vasca de Justicia, Idoia Mendia, la directora de Derechos Humanos de esa comunidad, Inés Ibáñez de Maeztu, la de Atención a las Víctimas, Maixabel Lasa, junto con la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua, se reunieron ayer con el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, para hacerle llegar un listado de presuntos terroristas cuya situación procesal no han podido averiguar. Juanes se comprometió a hacer un seguimiento de esos casos a través de la oficina de víctimas. "Se trata de un trabajo de especial dificultad. Hay que ir buscando caso por caso en cada juzgado y en la fiscalía, porque no hay base de datos", aseguró el presidente de la Audiencia, que subrayó el derecho de las víctimas a conocer esa información.

El número de víctimas del terrorismo en España lo cifró el Ministerio del Interior en un informe de diciembre de 2009 en 9.522 personas; de ellas, 1.382 habían sido asesinadas, y las reparaciones concedidas hasta ese momento habían ascendido a 722.694.182 euros.

Algunos presos disidentes de ETA han planteado nuevas cuestiones que también podrían resolverse a través de la oficina de víctimas, como la forma de pagar las indemnizaciones civiles o el modo de pedir un perdón personalizado por parte de los terroristas, sea por escrito o verbalmente, en caso de que las víctimas así lo deseen.