Agencias descalificadas

Las agencias de calificación se han forjado en la crisis mundial una pésima imagen. Y con razón: por incompetentes, por oligopólicas y por colusión de intereses. Incompetentes, porque bendijeron con las mejores notas algunas de las más fraudulentas emisiones de hipotecas basura empaquetadas, cuando su función debiera ser precisamente la de orientar a los mercados sobre la calidad y credibilidad de una institución o un producto financiero. Lo hicieron bajo la excusa de que operan solo con los datos ofrecidos por sus clientes. Un sarcasmo más que una coartada, pues se les supone precisamente la capacidad de discernir sobre la calidad de las informaciones acopiadas.

Oligopólicas, porque las tres grandes agencias anglosajonas (Moody's, Fitch y S&P) continúan repartiéndose la casi totalidad del mercado, sin que las normativas arbitradas -como el registro y la transparencia exigidas por la UE- hayan modificado un milímetro su poder, y su capacidad de hacer un uso abusivo de ese poder.

Colusión o conflicto de intereses, porque han venido cobrando directamente de los clientes a radiografiar y prestándoles al mismo tiempo su asesoramiento. A compañías de tan criticables como oscuras prácticas no les ha bastado con esos vicios de origen. Alguna, como Moody's, actúa en la larga crisis de la deuda soberana europea como agente especializado en golpes de mano económicos, con prácticas desestabilizadoras del mercado.

No es solo cuestión de oportunidad. Moody's rebajó la calificación española horas antes de la última cumbre europea. Por lo que el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, denunció su calendario como lo más "sorprendente". En cuanto la inmediata emisión española de letras del Tesoro logró espléndidos resultados, la vicepresidenta Salgado pudo precisar que los "mercados se fían más del Gobierno que de Moody's".

No es solo eso. El informe de la agencia ni siquiera esperó a la misma tarde para conocer y contrastar los nuevos datos del Banco de España sobre la solvencia de la banca. Y aún peor: no justificó, ni ofreció ningún dato, ni explicitó escenario alguno basándose en el cual la reestructuración de la banca española costaría 50.000 millones, y no los 15.000 argumentados por el supervisor. Eso es ventajismo, pues si no se explicitan los parámetros en que se basan (y se desagregan) sus previsiones, resulta imposible discutirlas.