Las Diputaciones se juegan su última baza en Luxemburgo

Las tres Haciendas vascas tienen la próxima semana una cita que consideran crucial para sus intereses en el larguísimo proceso judicial que mantienen con la Comisión Europea (CE) por la concesión en los años noventa de incentivos fiscales que la justicia comunitaria ha declarado ilegales en varias sentencias. El próximo jueves, la Sala Tercera del Tribunal de Justicia de Luxemburgo abre el juicio por el recurso de casación presentado por las tres Diputaciones contra la famosa sentencia del 9 de septiembre de 2009 que confirmó la ilegalidad de las ayudas a la inversión que las instituciones forales concedieron a unas 300 compañías. Bruselas mantiene que aún se deben reintegrar en su totalidad.

El procedimiento que se inicia ahora supone, desde la óptica de las Haciendas, una auténtica "prueba de fuego definitiva" para evaluar la actuación de la fiscalidad vasca y, al mismo tiempo, la "última esperanza" para echar atrás el intento de la CE de imponer una multa multimillonaria a Álava, Vizcaya y Guipúzcoa por desoír en reiteradas ocasiones los mandatos de la propia Comisión y de los tribunales europeos.

En Luxebumgo, donde en principio no tienen previsto acudir los principales espadas forales -la defensa de las Diputaciones corre a cargo de la Abogacía del Estado-, se juzgará el recurso interpuesto contra el fallo del Tribunal de Primera Instancia de la UE, que determinó contrarias al derecho comunitario las vacaciones fiscales, las ayudas aprobadas en 1993 como exenciones del Impuesto de Sociedades para determinadas empresas. Los jueces ratificaron con rotundidad el criterio de Bruselas sobre su ilegalidad, al considerarlas ayudas de Estado incompatibles con el mercado común.

Aquella sentencia de 2009 sólo ha podido ser recurrida en cuestiones formales y no de contenido, por lo que no existen apenas opciones de que ahora el máximo tribunal de la UE contradiga los razonamientos jurídicos de resoluciones anteriores, todas ellas en la misma dirección: las ayudas fiscales son ilegales. En todo caso, Bruselas se mantiene firme en su propósito de exigir, a través de los tribunales, una sanción económica por las otras dos figuras controvertidas: las minivacaciones fiscales y el crédito fiscal del 45%.