Operación Ave Fénix

A comienzos de esta semana, el presidente y el secretario general de Unió Mallorquina (UM) anunciaban la disolución del partido y su simultánea resurrección con el rótulo de Convergència per les Illes Balears (CIB). El propósito confesado de esa operación Ave Fénix es limpiar los estigmas de corrupción y de clientelismo ganados a pulso durante más de dos décadas. Las faltas de aseo moral de la formación son contundentes. Los tres anteriores presidentes de UM -Maria Antònia Munar, Miquel Nadal y Miquel Flaquer- han sido acusados de corrupción por la fiscalía anticorrupción y sus dos secretarios generales previos -Tomeu Vicens y Damiá Nicolau- fueron condenados a penas de cárcel por las mismas razones. Varios consejeros del Gobierno balear y del Consell de Mallorca, así como otros altos cargos de la Administración autónoma y municipal afiliados a UM, han tenido que dimitir tras ser interrogados en los juzgados.

Unió Mallorquina renuncia a sus siglas, estigmatizadas por la corrupción y el clientelismo

No es tan barato, sin embargo, romper con el pasado de un partido y mantener la continuidad de sus activos organizativa y materialmente beneficiosos. Pocas horas después de que el presidente y el secretario general de UM anunciaran la muerte de su formación política eran citados como representantes legales de la asociación por el juez instructor del caso Picnic para exigirles el depósito de una fianza de 1.600.000 euros destinada a cubrir las eventuales responsabilidades del caso.

El sistema de partidos del archipiélago y las instituciones de autogobierno de sus territorios (los consells insulares) han permitido a UM (tres representantes sobre los 59 escaños del Parlamento autónomo y el 6,5% de los votos emitidos en 2007) desempeñar un papel central más allá de su ralo apoyo electoral. La instalación de UM como grupo-bisagra le ha permitido completar las mayorías absolutas en el Parlamento balear, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma. Durante el largo reinado de Maria Antònia Munar, obligada en 2010 a abandonar la presidencia del Parlamento balear por los escándalos, la imprescindibilidad de UM para la política de alianzas de PP y PSOE transmitió a sus dirigentes una falsa sensación de impunidad que multiplicó la audacia, la desfachatez y el número de cohechos, operaciones urbanísticas, comisiones ilegales, contratas amañadas y compra de votos.

Tal vez el ejemplo de cinismo dado por los presidentes autonómicos del PP Gabriel Cañellas (salvado de la cárcel por la prescripción del caso Sóller) y Jaume Matas (que acaba de sumar el caso Calatrava al caso Palma Arena) haya servido también de acicate para transformar Baleares en el puerto de arrebatacapas. En cualquier caso, parece llegada la hora de que el Estado de derecho se plantee el gravísimo problema de la existencia de partidos -como UM- secuestrados por organizaciones mafiosas que no los gobiernan para desarrollar sus funciones constitucionales propias, sino para desvalijar las arcas públicas y enriquecerse.