El TC suspende el catálogo de fármacos de Galicia

La aventura de la Xunta de Galicia de aplicar su propio catálogo de fármacos subvencionados en la comunidad ha durado dos meses: desde el 3 de enero hasta ayer, cuando el Tribunal Constitucional (TC) lo suspendió cautelarmente. Era la consecuencia inevitable después de que el Gobierno central recurriera la medida el 11 de febrero, ya que la simple admisión a trámite suponía su paralización.

El catálogo gallego es el resultado práctico de una ley aprobada en el Parlamento autónomo el pasado 22 de diciembre con votos a favor del PP y BNG y contrarios del PSOE. Establece que el Servicio Gallego de Salud (Sergas) puede determinar que los médicos del sistema público solo receten los medicamentos más baratos de ciertos principios activos, que son revisados bimensualmente. En la primera versión, el catálogo contenía 34 moléculas, lo que suponía que los gallegos no recibían subvención para 427 productos farmacéuticos que sí eran sufragados por las arcas públicas en el resto de España. Con la medida, la Consejería de Sanidad aseguraba que podría ahorrar más de 90 millones de euros anuales en fármacos.

Competencias

El Gobierno entiende que el catálogo rompe la equidad del sistema, ya que los gallegos no tienen acceso a los mismos productos sufragados que el resto de los españoles. También argumenta que invade las competencias estatales, ya que es el Ministerio de Sanidad el que tiene por ley la misión de determinar cuáles son los medicamentos subvencionados (es lo que hace cuando fija precios de referencia). Estos fundamentos fueron ratificados por el Consejo de Estado antes del recurso al Constitucional.

La suspensión del tribunal implica que los médicos gallegos podrán volver a recetar todos los medicamentos que establece el nomenclátor nacional. La consejera de Sanidad, Pilar Farjas pidió ayer a los facultativos que sigan recetando lo que ella llama "medicamentos más eficientes", es decir, los más baratos. "Galicia va a seguir ahorrando", afirmó. El ministerio reiteró su oferta de diálogo para llegar a un acuerdo.

La Xunta dio instrucciones a sus servicios jurídicos para que trabajen en recurrir esta suspensión para que sea del menor tiempo posible. Si no consiguen acortar los plazos, la paralización será revisada dentro de cinco meses.