El Tribunal Constitucional suspende el catálogo gallego de medicamentos

El catálogo gallego de fármacos ha estado en vigor dos meses: desde el 3 de enero hasta ayer, cuando la Xunta recibió una providencia del Tribunal Constitucional (TC) que lo suspende cautelarmente. Es la consecuencia inevitable después de que el Gobierno central recurriera la medida el pasado 11 de febrero, ya que la simple admisión a trámite suponía su paralización.

La suspensión del Constitucional -un día después de que el Tribunal Superior de Galicia rechazase una medida similar- implica que a partir de que sea publicada en el Boletín Oficial del Estado, los médicos gallegos podrán volver a recetar todos los medicamentos que establece el nomenclátor nacional. El catálogo fijaba 34 principios activos de los que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) solo financiaba los más baratos, lo que suponía hasta el 2 de marzo dejar fuera 427 productos farmacéuticos que sí eran subvencionados en el resto de España. Con nueva orden de precios que el ministerio ha publicado esta semana, la cifra se reduce a menos de 200.

"Es una medida política del Gobierno contra los gallegos", dice la conselleira

La conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, aseguró ayer que acata la decisión, pero pidió a los facultativos gallegos que sigan recetando lo que ella llama "medicamentos más eficientes", es decir, los más baratos. "Galicia va a seguir ahorrando", afirmó. En su opinión, la suspensión "es una medida política promovida por el presidente del Gobierno", ya que si no hubiese formalizado un recurso, el catálogo seguiría vigente. "Es una actuación que va contra los gallegos, contra sus dirigentes políticos y contra sus instituciones", afirmó la conselleira.

No obstante, Farjas explicó que el Sergas está preparado para aplicar la suspensión de inmediato y ya está trabajando para que los sistemas informáticos vuelvan a admitir la prescripción de todos los medicamentos del nomenclátor nacional. José Luis Rodríguez Dacal, presidente de la Federación Gallega de Farmacéuticos, aseguró que las boticas tienen reservas suficientes de medicinas como para afrontar la nueva situación desde el primer día, ya que les quedaron muchas existencias sin vender cuando el catálogo entró en vigor.

La Xunta, en cualquier caso, dio ayer mismo instrucciones a sus servicios jurídicos para que trabajen en recurrir esta suspensión a fin de que sea del menor tiempo posible. Si no consiguen acortar los plazos, la paralización no será revisada hasta dentro de cinco meses. Sin embargo, esto no va a ser un problema para las arcas gallegas, según Farjas, ya que "pacientes y médicos entendieron que entre dos fármacos que curan lo mismo van a elegir el más barato".

Con el catálogo, Sanidade aseguraba que podría ahorrar más de 90 millones de euros anuales en fármacos. En los primeros 15 días de aplicación fue de 3,9 millones. Sin embargo, esa cifra no se puede extrapolar a todo el año, ya que no tomaba en consideración la reducción de los precios de los fármacos en toda España. Con esta bajada, más productos farmacéuticos entraron dentro de los márgenes que establece el Sergas, con lo que el ahorro relativo con respecto al resto del país también caía. El departamento de Leire Pajín siempre ha argumentado que sus mandatos son suficientes para rebajar la factura farmacéutica.

Las razones por las que el Gobierno recurrió el catálogo al Constitucional son otras. Entiende que rompe la equidad del sistema, ya que los gallegos no tienen acceso a los mismos productos sufragados que el resto de los españoles. También argumenta que invade las competencias estatales, ya que es el Ministerio de Sanidad el que tiene por ley la misión de determinar cuáles son los medicamentos subvencionados. Estos fundamentos fueron ratificados por el Consejo de Estado antes del recurso al Tribunal Constitucional.

El tramite, en cualquier caso, sigue su curso judicial. El tribunal tendrá que determinar si la norma rompe la equidad e invade competencias, tal y como asegura el Gobierno, o si es una simple medida de ahorro, como defiende la Xunta. El Gobierno de Feijóo sostiene que se sufragan los mismos fármacos que en el resto del país, al entender que ningún principio activo queda fuera de la financiación pública.