El espejismo de la centralización
La evidencia empírica de que disponemos indica que los Estados políticamente descentralizados suelen ser más eficaces a la hora de hacer frente a situaciones de crisis de lo que suelen serlo los que no lo están. La dirección política de la sociedad se hace más compleja que en los Estados unitarios, ya que son más numerosos los actores que participan en el proceso de toma de decisiones. Pero la complejidad de su funcionamiento se adecua mejor a la complejidad de la propia sociedad de la que es expresión y, en consecuencia, el resultado final no solo suele ser más legítimo, sino que también es más eficaz.
En España no tenemos más experiencia descentralizadora que la que se ha construido con base en la Constitución de 1978, ya que las dos republicanas, la del último tercio del siglo XIX y la de los años treinta del siglo XX, no dispusieron del tiempo suficiente para asentarse. Pero sí disponemos ya de 30 años de experiencia descentralizadora, lo cual no es poco en un país con tantas discontinuidades políticas y constitucionales como España. Realmente no ha habido en nuestra historia de los dos últimos siglos ningún periodo de 30 años, en el que haya estado vigente una Constitución sin necesidad de recurrir al estado de excepción o incluso al estado de sitio. Nos llamó la atención la declaración del estado de alarma el pasado diciembre con motivo del abandono de sus puestos de trabajo de los controladores aéreos porque es la primera vez que se hacía uso de un instituto de protección extraordinaria del Estado con la Constitución de 1978. No el estado de alarma, sino el de excepción o incluso el de sitio ha sido la norma en nuestra historia constitucional.
Y esta experiencia descentralizadora ha sido un éxito desde todos los puntos de vista, pero muy destacadamente desde el punto de vista de la gestión económica. El Estado de las autonomías tuvo que iniciar su andadura no en las décadas de estabilidad que siguieron a la II Guerra Mundial, sino en las décadas de incertidumbre que se iniciaron con la crisis del petróleo de 1973-1974 y en las que todavía nos mantenemos. La democracia española no solamente tuvo que adaptar al país a la integración europea primero, sino que además tuvo que hacer frente después al reto de la globalización tras la caída del muro de Berlín.
Lo ha hecho con un éxito reconocido de manera generalizada. Ahora, nos encontramos ante un nuevo reto. Tenemos que hacer frente a una crisis de una intensidad desconocida desde hace más de 70 años y en un momento en el que se están alterando los equilibrios no solo entre países sino entre continentes. Alguna de esas alteraciones de equilibrios, como la que va a resultar inexorablemente de la revolución que está en marcha en el norte de África, nos afecta de manera directa y, con seguridad, nos va a obligar a introducir reajustes en nuestra convivencia.
La existencia de las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas es una garantía de que los reajustes van a tener que ser pactados y no van a poder imponerse autoritariamente. El pacto no va a ser fácil de alcanzar, pero cualquier otra alternativa que se contemple es mucho peor. Los reajustes que ahora mismo se están produciendo, se están aceptando de una manera pacífica, porque se están imponiendo por la Generalitat de Cataluña, la Generalitat valenciana o la Junta de Andalucía. Si todos hubieran tenido que ser impuestos por el Estado, estaríamos en presencia de una conflictividad enorme. Pensar que con un Estado centralizado podríamos tener una mejor respuesta, es un espejismo.
