El Ararteko pide a Diputaciones y Gobierno "garantías" para los perceptores de ayudas

El Ararteko hizo pública ayer una resolución en la que evalúa el proceso de inspección de las ayudas sociales y el anuncio de la suspensión de estos subsidios a más de 6.000 familias después de que se detectaran que no se cumplía con las obligaciones establecidas. En ella repasa las actuaciones de las diputaciones y el Gobierno y resalta que las "administraciones públicas deben extremar las garantías (audiencia, motivación, notificación...) en la aplicación del procedimiento por el que se suspende a la persona la prestación de la Renta de Garantía de Ingresos".

El Ejecutivo autonómico anunció que pediría a las diputaciones que suspendieran la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a más de 6.000 familias en diciembre por no cumplir con la obligación de estar disponibles para el empleo en las oficinas destinadas a ello. El Gobierno obtuvo las críticas de las diputaciones porque calculaban cifras inferiores e identificaron errores, y de los perceptores. Estos acudieron en masa, en el caso de Bilbao, a los servicios sociales municipales. Aunque la primera intención fue la de suspender la ayuda desde diciembre, la normativa lo impedía, por lo que estas congelaciones no se han hecho hasta 2011.

El defensor critica la "confusión e incertidumbre" creadas en diciembre

"En algunos casos, recibieron la comunicación de suspensión que no se llevó a efecto", critica la institución liderada por Iñigo Lamarca. El texto pone el acento en que "no se puede proceder a suspender una prestación a perceptores que incumplen una obligación que no era de aplicación en el momento de concesión de la prestación". Se refiere a todos aquellos que tramitaron su petición de la RGI antes de que entrara en vigor el requisito por el que se les anunció que dejarían de recibir la ayuda.

El defensor censura que se haya "provocado una enorme confusión e incertidumbre a las personas que por su situación personal, social y económica se encuentran en una situación de grave vulnerabilidad". Además, solicita que los ajustes de la nueva normativa -la Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social de 2008 y el decreto que la desarrolla, de mayo de 2010- no supongan problemas para los perceptores y recuerda que en la situación económica actual "estas prestaciones son necesarias para la subsistencia de personas". Además, pide "evitar los debates públicos que dañan la imagen del sistema y de las personas a las que atienden".