Acceso a las fuentes
La conmemoración del 30º aniversario del 23-F ha vuelto a poner de manifiesto el gran desconocimiento que existe sobre la gestación, el desarrollo e incluso el desbaratamiento de aquel intento de golpe contra la democracia. A pesar de que poco a poco algunos de los protagonistas y ciertos historiadores van aportando y desvelando nuevos datos, muchos de los papeles y de las grabaciones de lo sucedido en aquellos días permanecen ocultos, de forma deliberada, 30 años después.
El 23-F es solo uno de los múltiples ejemplos en los que no se ha podido conocer toda la verdad debido, en gran parte, a la deficiente legislación española en materia de libertad de acceso a la información. Pese a que el programa del PSOE, tanto en 2004 como en 2008, contenía una propuesta de ley de acceso a la información, esta aún no se ha llevado a cabo. España es uno de los dos o tres países de Europa que todavía no disponen de una garantía de libre acceso a la información al estilo de la Ley de la Libertad de Información (FOIA) estadounidense, donde los funcionarios están obligados a entregar los documentos públicos solicitados por el periodista en un plazo de 20 días, aunque a veces se demore.
Las fuentes de información son la base de todo trabajo periodístico, y el libre acceso a los documentos públicos, parte fundamental del imprescindible ejercicio de control del periodismo sobre la función pública. Mientras no se pueda acceder de forma transparente y legal a los papeles oficiales, desgraciadamente solo queda esperar a que, como ha ocurrido con los cables de Wikileaks, algún funcionario consiga filtrar a los periodistas aquellos documentos que la Administración intenta ocultar.
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