Las tres Diputaciones bloquean la principal apuesta legislativa del PP

Las tres Diputaciones, actuando de forma prácticamente simultánea, han bloqueado la tramitación en el Parlamento de la principal apuesta legislativa del PP para este cuatrienio: la Ley de Apoyo a los Emprendedores y Pequeña Empresa del País Vasco. Las tres instituciones forales presentaron a comienzos del pasado mes de enero ante la Comisión Arbitral otras tantas cuestiones de competencia contra la correspondiente proposición de ley al entender que vulnera, especialmente, dos de sus artículos, sus atribuciones exclusivas, en particular en materia fiscal. Hasta que resuelva la Comisión, el órgano formado por el Gobierno y las Diputaciones que dirime los conflictos interinstitucionales en Euskadi, la proposición permanece congelada en la Cámara, donde se encontraba en trámite de enmiendas.

Un procedimiento de la Comisión Arbitral atiende los tres recursos forales

El Gobierno vasco dejó en manos del PP la redacción de la norma

Sacar adelante esta ley es uno de los objetivos nucleares del PP en materia económica para la presente legislatura. Los populares quieren que Euskadi sea la primera comunidad autónoma que aprueba una ley de respaldo a emprendedores y pymes. Casi en cualquier mitin o acto público de los dos últimos años, los dirigentes del partido en Euskadi han insistido en la importancia de apoyar a aquellos para salir de la crisis, recalcando que el País Vasco siempre ha sido una tierra de emprendedores -con estas palabras textuales se abre la exposición de motivos de la proposición- "y ahora hay menos que en Extremadura", como lamenta gráficamente un miembro de la ejecutiva popular.

Muestra de la importancia que el PP le da a esta materia es que figura ya en el acuerdo por el cambio que socialistas y populares cerraron para llevar a Patxi López a Ajuria Enea. Y fue su propio presidente, Antonio Basagoiti, quien la entregó personalmente en el registro del Parlamento el pasado 14 de octubre, enfatizando que era la primera propuesta que firmaba. Basagoiti pactó en su día con el lehendakari que el PP elaboraría un texto articulado de la ley, que llevaría a la Cámara como proposición, y el Ejecutivo la apoyaría.

Las tres instituciones forales consideran vulneradas sus competencias por dos artículos de la ley: el 12.3 a) y el 16.1. El primero de ellos fija como objetivo para el plan de apoyo a emprendedores que establece la ley "promover un marco económico que facilite la creación de empresas" en Euskadi "a través de medidas de carácter fiscal". Y el segundo señala que, en los seis meses siguientes a la aprobación del texto, el Órgano de Coordinación Tributaria remitirá a otro de los órganos que fija la misma "una propuesta sobre las ayudas fiscales" destinadas a cumplir los objetivos del mencionado plan.

Con unos u otros matices, citando una u otra legislación -Vizcaya, por ejemplo, lo hace in extenso-, las Diputaciones coinciden en que ambos artículos vulneran la distribución de competencias entre las instituciones comunes y forales en materia fiscal y contradicen el Estatuto, la Ley del Concierto y la de Territorios Históricos. Los dos preceptos "invaden la competencia de los territorios históricos de mantener, establecer, y regular, dentro de su territorio, el régimen tributario, tal y como la ha configurado el ordenamiento jurídico vigente y la jurisprudencia que resulta de aplicación", resume el escrito de la Diputación vizcaína la que puede considerarse posición común. Álava ve además vulneradas sus competencias por otros tres artículos: el 9 (aplicación de una directiva europea sobre mercado interior), el 10 (informes sobre competencia) y el 15 (compensación de tasas municipales).

El PP opina que los artículos recurridos por las Diputaciones atañen a "aspectos tangenciales" que no afectan a la sustancia de la ley y que el PNV podía haber planteado su reforma por la vía de enmiendas. "No tendríamos problema en cambiarlos", resalta el portavoz parlamentario del PP, Leopoldo Barreda. Los populares desean, sobre todo, una resolución rápida para que la ley pueda aprobarse lo antes posible. "Es evidente que las Diputaciones han actuado coordinadas por un impulso político poco comprensible para escenificar otra confrontación institucional", opina Barreda. Álava registró su correspondiente escrito en el Parlamento el 4 de enero pasado y Vizcaya y Guipúzcoa lo hicieron al día siguiente.

La presentación de alegaciones recae ahora en los servicios jurídicos del Parlamento, si bien el PP pretende que el Ejecutivo se implique más en la defensa de lo que, al final, será una de sus leyes. La Comisión Arbitral decidió por unanimidad el pasado 16 de febrero acumular las tres cuestiones de competencia en un único procedimiento.