El juicio de Malaya se reanuda centrado en los testaferros

El macrojuicio del caso Malaya, la gran trama de corrupción en Marbella centrada en la figura del exasesor urbanístico Juan Antonio Roca, inicia hoy su segundo bloque. Después de 21 sesiones dedicadas a analizar uno de los flecos de la investigación -el pelotazo inmobiliario de la llamada operación Crucero Banús, en el que Roca fue un participante más- la Sección Primera de la Audiencia de Málaga entra de lleno en los supuestos delitos de blanqueo cometidos por el hombre fuerte del Ayuntamiento durante los 15 años de gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL).

A partir de las 10.00, el tribunal analizará el entramado de 71 sociedades del que supuestamente se sirvió Roca para ocultar e invertir el dinero que, según el fiscal, le dieron numerosos empresarios con intereses urbanísticos en Marbella a cambio de resoluciones favorables. En el banquillo se sentarán 15 de los 95 procesados en la causa. Casi todos conforman el núcleo duro de testaferros del exasesor y, según el fiscal, conocían el supuesto origen ilícito de los fondos que manejaban.

La fiscalía cree que los imputados conocían el origen ilícito de los fondos

Entre los protagonistas de este segundo bloque se encuentran los socios del despacho de abogados Sánchez Zubizarreta-Soriano Zurita, que creaban y gestionaban las principales sociedades tapadera, o la supuesta testaferro Montserrat Corulla. Esta, además de controlar varias mercantiles de Roca, se dedicaba a adquirir y rehabilitar edificios para su conversión en hoteles.

Gracias a esta red de sociedades instrumentales, Roca pudo adquirir propiedades -la mayoría inmuebles, pero también vehículos y obras de arte- y afrontar gastos por valor de 245 millones cuando los ingresos lícitos declarados por el exasesor y su familia entre 1997 y 2004 fueron de unos 50.000 euros anuales.

Este grupo de testaferros principales actuaba, según el fiscal, como una "verdadera organización" que, bajo la dirección de Roca, administraba el patrimonio del exasesor "como si de una empresa se tratara". De este modo, el bufete Sánchez Zubizarreta tenía el "papel primordial de proporcionar a Roca las sociedades pantalla donde ocultar sus bienes". Este despacho, con sede en Madrid, administraba las sociedades de Roca en España y se ocupaba de llevar las cuentas de modo que no despertara la curiosidad de la Agencia Tributaria.

Otro de los acusados, Juan Germán Hoffmann, que ya estuvo procesado en el bloque de Crucero Banús, se encargaba, según el ministerio público, de la estructura societaria de Roca en el extranjero. Ernesto Celdrán adquiría terrenos en Murcia a nombre de Roca que posteriormente eran desarrollados por Julio Blasco y Gonzalo Astorqui. Óscar Benavente, mano derecha de Roca, gestionaba la cuadra de caballos de Marqués de Velilla y figuraba como administrador de varias sociedades. Salvador Gardoqui, economista, llevaba la contabilidad de las mercantiles. Finalmente, Jaime Hachuel, encargado de seguridad, se encargaba de dificultar la vigilancia policial a Roca.