Demorar la vergüenza

El Comité Electoral Nacional del Partido Popular (PP) confirmó el jueves pasado a Francisco Camps como candidato a la presidencia de la Comunidad Valenciana. Camps venía presionando a Mariano Rajoy para que adelantase esa confirmación, que ya había aprobado por su cuenta y riesgo el Comité Electoral regional. El argumento de Génova para no hacerlo era que tampoco otros presidentes del PP habían sido confirmados, pero es probable que no lo fueran precisamente para que no se evidenciaran las dudas existentes sobre Camps.

La estrategia interna ha circulado en paralelo a la táctica jurídica: diferir la decisión en la misma medida en que se trataba de atrasar el desenlace del caso en los tribunales. Con el objetivo de que, o bien fuera archivado o, si llegaba a juicio, este se celebrara después de las elecciones de mayo; con la pretensión de que para entonces las urnas hubieran lavado las responsabilidades políticas del presidente. Pareció que la primera hipótesis iba a cumplirse cuando el Tribunal Superior de Valencia resolvió que sí había habido regalos (los trajes) de la trama corrupta, pero que no había delito porque el presidente no había participado personalmente en las adjudicaciones investigadas. Sin embargo, la resolución fue recurrida y el Tribunal Supremo ordenó reabrir la causa recuperando Camps su condición de imputado.

El argumento para no tomar medidas internas o cuestionar su candidatura fue que imputación no significa culpabilidad. Así es, pero sí significa que la justicia aprecia indicios de delito. Y si se acepta, como es razonable, separar la responsabilidad jurídica de la responsabilidad política, esos indicios deberían bastar para apartar a un imputado de la gestión pública. La justicia aprecia como mínimo indicios de cohecho impropio pasivo (aceptar regalos ofrecidos en consideración a su función). Es la forma más suave de cohecho, pero ello mismo lo convierte, políticamente, en un cuchillo de doble filo. Pues un argumento central del PP para negar verosimilitud a la acusación ha venido siendo lo increíble de que todo un presidente autonómico vaya a venderse por unos trajes. ¿Cómo quedaría Camps si eso que parece tan absurdo resulta confirmado por sentencia, lo que demostraría, además, que había mentido, y ello ocurre cuando ya haya sido reelegido? ¿Con qué autoridad puede gobernar alguien en esas condiciones?

Se resistiría, pero al final tendría que dimitir, lo que podría ocurrir en vísperas de las legislativas de 2012. Con una inoportunidad notable, porque, en tal caso, el perjuicio político para la candidatura de Mariano Rajoy sería incalculable. Para entonces es posible que se hayan sustanciado los indicios de cohecho propio y financiación ilegal apuntados en los informes policiales pedidos por el juez. Se confirmaría así que en materia de corrupción la táctica dilatoria solo sirve para agravar los problemas.