Esto no es un circo

El periodismo no es un circo para exhibirse, sino un instrumento para ayudar a los hombres y mujeres a pensar y avanzar en su combate por una vida más digna y menos injusta. Lo dijo un gran periodista, Tomás Eloy Martínez, del que el escritor Juan Villoro asegura que hubiera ganado cualquier encuesta entre los profesionales de América Latina sobre quien hubieran querido que fuera su director.

"Al lector no se le sacia con golpes de afecto, sino con la narración de cada hecho dentro de su contexto y sus antecedentes". Tomás Eloy, muerto el año pasado, siempre exigió a sus redactores que fueran capaces de narrar una historia con fuerza y vocación de seducción, pero, con la misma exigencia, les impuso reglas estrictas sobre la veracidad de los personajes y los hechos, la comprobación, los antecedentes y el contexto de esos reportajes.

Los políticos están ayudando a sepultar el debate económico y social con el escándalo de la corrupción

Todo esto no viene a cuento de la polémica entre Javier Cercas y Arcadi Espada, sino de las próximas elecciones municipales y autonómicas y más precisamente de la obligación profesional de ayudar a los hombres y mujeres a pensar, recurriendo a datos y contextos precisos.

En mayo se decidirán en España cosas importantes que afectan a la vida (que debería ser digna y que es injusta) de millones de ciudadanos. Las comunidades autónomas (se celebran elecciones en todas menos en Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía) y los municipios (nada menos que 8.112 en toda España) son, en estos momentos, los responsables de la educación, la sanidad, medio ambiente y una enorme lista de servicios sociales.

Faltan tres meses, muy poco tiempo, y está claro que las comunidades y Ayuntamientos sufren, y van a seguir sufriendo, gravísimos problemas de financiación y reducción de ingresos. Es decir, que los ciudadanos nos enfrentamos a seguros recortes en las cosas más básicas de nuestra vida: la calidad de la educación (sueldo y número de profesores) y de la sanidad, el trato a los ancianos, el apoyo a los minusválidos, la protección del medio en el que habitamos, el transporte, la vigilancia en las calles. Esto no es un circo, sino cosas muy serias.

Hablemos de estas cosas. Digamos, por ejemplo, que los políticos están ayudando a sepultar el debate económico y social con el escándalo de la corrupción, que se merece, evidentemente, la atención y el rechazo de los ciudadanos, pero que no es el único tema sobre el que deberían girar estas elecciones. La agenda, cada día más anémica y mezquina que se nos presenta, debe abrirse rápidamente y permitir un debate mucho más amplio sobre la asignación de esos recursos y, especialmente, sobre el modelo de financiación de los Ayuntamientos que va a defender cada candidato.

Ese es un tema fundamental. Los ciudadanos tienen que entender qué está en juego y por qué. Hay que estar advertidos sobre los trucos y engaños que encierran algunas de las propuestas, en el peor de los casos, o simplemente, en la mejor de las hipótesis, de las inevitables consecuencias que van a acarrear. Se ha renunciado a reformar la Ley de Gobierno Local, que hubiera ayudado a asociar, o unir, a Ayuntamientos que no tienen recursos para cuadrar sus cuentas y que quizás funcionarían mejor agrupando sus servicios. Todo el mundo es consciente que desde que, en los noventa, se decidió que los ayuntamientos tuvieran grandes competencias sobre ordenamientos urbanísticos, buena parte de los gastos corrientes se han venido financiando con ingresos procedentes del boom inmobiliario. El frenazo en seco de los dos últimos años les ha dejado con las arcas vacías y con una capacidad de endeudamientos casi nula. ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Cuántos cargos "de confianza" o cuántos maestros van a desaparecer? ¿Van a bajar las prestaciones sociales? ¿Qué pasará con las tasas locales para comercios pequeños? Eso son cosas claras que hay que preguntar y que los candidatos deben explicar.