La fiscalía investigará delitos de cohecho y extorsión en El Álamo

"¡Qué vergüenza! ¡Que venga la policía a poner orden!", gritaba un espontáneo desde la bancada de la sala de plenos de El Álamo. Las declaraciones realizadas esta semana por el exalcalde Jesús Arribas (PP), dimitido hace nueve meses, en las que se implica a sí mismo y a sus concejales en delitos de cohecho, extorsión y prevaricación, motivaron una reunión extraordinaria en el Ayuntamiento. La actual alcaldesa, Natalia Quintana, intentó desacreditar las palabras de Arribas, del que se está tramitando su expulsión del partido, poniendo en tela de juicio su estado emocional. Llegó a decir que su antiguo compañero de Gobierno había acosado a varias trabajadoras municipales, pero que estas "no querían denunciar". El revuelo que armaron sus palabras provocó un agrio enfrentamiento entre los dirigentes.

Por lo pronto, la alcaldesa ha presentado una denuncia por injurias y calumnias en el juzgado de Navalcarnero contra Arribas, aún concejal, que no fue al pleno por "miedo a sufrir alguna agresión". Abandonó el Gobierno precipitadamente por haber faltado el honor a uno de sus compañeros. Sus declaraciones están respaldadas por el relato de un empresario de Majadahonda que asegura que uno de los concejales (José González, de Hacienda) le pidió 15.000 euros por tramitar una licencia. Tanto Izquierda Unida (IU) como el PSOE están preparando la documentación que van a presentar el lunes ante la Fiscalía Anticorrupción por los múltiples delitos destapados. Arribas dijo sobre la manera de trabajar en el Consistorio: "Era muy común exigir pagos por cualquier asunto". Reveló irregularidades en el PGOU y el supuesto cobro de una comisión ilegal y una extorsión.

Incluso en su salida se han producido irregularidades, como la retirada de un documento oficial en el registro. Sus compañeros, para desbancarle, idearon una moción de censura con el apoyo de un concejal independiente. Según los papeles a los que ha tenido acceso este periódico, los siete ediles redactaron una moción, la firmaron y la incluyeron en el registro, con el número de entrada 3320. Los ediles alegaban "insalvables diferencias políticas en temas que inciden de forma decisiva en el desarrollo del municipio". La situación era esperpéntica: los concejales en común acuerdo echando a un alcalde de su mismo partido. Desde Génova, donde está situada la sede del PP, se paró la moción por disparatada. Mejor era hacerle dimitir. Pero ya era tarde, el documento estaba presentado. El secretario municipal, un funcionario, reconoció durante el pleno que vio el documento firmado aunque no supo si finalmente entró en registro. La solución, a tenor de las pruebas, fue retirar la moción sin más, algo que no está permitido. El hecho supone un delito de prevaricación.