6,6 millones para tres empresas participadas por Ángel Rodríguez de la Borbolla

Tres empresas participadas por Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del ex presidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, percibieron 6,6 millones procedentes del fondo de ayudas directas para empresas en crisis de la Consejería de Empleo. Rodríguez de la Borbolla fue administrador de Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa) durante más de una década hasta 2010, así como administrador de Corchos Higuera, y apoderado de Corchos de Cazalla.

Las tres sociedades, que operan en la Sierra Norte de Sevilla, recibieron del fondo de ayudas 6,6 millones de euros entre julio de 2001 y febrero de 2007, divididos en ocho pagos distintos. El objetivo específico de las subvenciones era el "mantenimiento de los empleos", según confirmó ayer Rodríguez de la Borbolla, alcalde socialista de Cazalla de la Sierra (Sevilla) durante 20 años. "No había un compromiso concreto, sino asegurar la viabilidad de la empresa. Era una inyección. Pero yo he pedido y unas veces me dieron las ayudas y otras no", añadió el exalcalde.

Cortansa estaba compuesta por multitud de pequeños socios hasta que Rodríguez de la Borbolla invirtió para comprar la mayoría de las acciones junto al empresario portugués Fernando Moreira de Oliveira. Finalmente, el año pasado llegaron nuevos dueños a Cortansa y Rodríguez de la Borbolla vendió sus acciones. "No puedo informar del pasado porque la Cortansa de hoy no tiene nada que ver con la anterior", explicó la actual directora de la empresa Noemí Fernández. Cortansa, que cuenta ahora con 16 empleados, recibió su última subvención por 1,2 millones el 17 de febrero de 2006 y Fernández accedió al cargo en abril de ese año.

Al despacho del ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, acudieron todo tipo de empresas, Ayuntamientos y colectivos para recibir unas subvenciones otorgadas sin justificación previa ni seguimiento posterior. La Guía de Fiscalización de la Intervención General, emitida por la Consejería de Economía, aclaraba ya en 2005 que cada ayuda debía contar con 13 resoluciones, entre las que se debía incluir "una memoria descriptiva de la actividad, un presupuesto con detalle de ingresos y gastos y desglose de partidas o conceptos". Además, el solicitante estaba obligado a acreditar si recibió otras ayudas o subvenciones para la misma finalidad, "procedentes de cualquier administración". Todas las resoluciones fueron incumplidas en cada concesión de ayuda a las empresas.

Estas subvenciones y sus correspondientes expedientes se encontraban fuera de cualquier orden de convocatoria, según estipula la Ley General de Subvenciones, y por tanto debían seguir la guía de fiscalización de la Intervención General.

¿Cómo pudieron entonces aprobarse pagos de tanta cuantía durante nueve años? Porque la documentación que explicaba cada ayuda no salía de la Dirección General de Trabajo y la Intervención no podía presuponer que esta era casi inexistente. "La documentación acreditativa de las ayudas obra en poder de esta Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, siendo conforme con la misma" indicaban todos los expedientes. De este modo, todo quedaba en casa y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) continuó ejecutando los pagos sin sospechar nada.