Condena al SAS por acoso a la médica que denunció las listas de espera

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Granada ha condenado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a pagar una indemnización de 120.000 euros por acoso laboral a la trabajadora del Hospital Virgen de las Nieves que denunció en 2008 supuestas irregularidades en la gestión de las listas de espera.

En la resolución, de la que informó ayer Comisiones Obreras, la juez afirma que "queda acreditada" la vulneración del derecho fundamental y por tanto reconoce el "mobbing o acoso laboral" y de ahí la condena a indemnizar a la denunciante, S. R., aunque no la restituye en su puesto, como ésta pedía.

Tras producirse la denuncia e iniciada la investigación judicial por las supuestas irregularidades en las listas de espera quirúrgicas, la dirección del centro trasladó a la trabajadora, médico de admisión y documentalista del servicio de atención al usuario, al Hospital de San Juan de Dios. Se argumentó, según Comisiones, que se producirían más rotaciones, que no hubo.

Traslado y sueldo

La profesional pedía también que se anularan las resoluciones posteriores del centro que dieron lugar al traslado y también las que atañen al complemento de rendimiento profesional, que descendió tras la denuncia de S.R. a la Fiscalía.

De que se le restituya o no en su puesto, algo a lo que no está obligado el centro según el fallo, dependerá que Comisiones recurra. El SAS anunció ayer mismo que sí lo hará. "Lo que ella quiere es volver a su puesto de trabajo", dicen fuentes del sindicato. La dirección del hospital cambió tras la polémica denuncia.

El Juzgado de Instrucción 4 de Granada, que se hizo cargo de la investigación sobre las posibles irregularidades, acordó en mayo de 2010 el archivo provisional del caso y remitió la información a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que en octubre pasado admitió a trámite la denuncia. El magistrado espera conocer de la información que analice la agencia si hay datos concretos "con valor probatorio de naturaleza penal". Al igual que la fiscalía, el juez consideró que las posibles irregularidades se podían extender a otros centros del SAS y podrían afectar a miles de personas. Por eso envió la información a la AEPD.