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Fomento obliga a la Generalitat a modificar la velocidad de dos carreteras

Jesús García Bueno

Donde dije 120, digo 100. Y al revés, también. El Departamento de Interior se ha visto obligado a modificar los límites de velocidad previstos inicialmente en dos carreteras de la llamada zona 80 porque la información de la que disponía era errónea. En las reuniones mantenidas para preparar la sustitución de las señales fijas, el Ministerio de Fomento puso al día a la Generalitat sobre los topes máximos de cada vía: 100 kilómetros por hora en la B-23 y 120 por hora en la A-2.

Después de tres semanas de trabajo, la supresión del límite de 80 por hora en las vías de acceso a Barcelona -medida impulsada por el anterior Gobierno tripartito- culminó ayer por la noche. Los operarios sustituyeron los 13 paneles fijos de velocidad que hay en el tramo entre Sant Feliu de Llobregat y Molins de Rei de la B-23. A partir de ahora, como señala Fomento, se podrá circular a 100 por hora. Los cambios de señales de la zona 80 se han avanzado una semana a lo previsto por el Gobierno catalán.

Información errónea

Ese es el límite máximo de velocidad fijado para la B-23 antes de que entrara en vigor el límite de 80 por hora. Los técnicos del Servicio Catalán de Tráfico, sin embargo, pensaron erróneamente que el tope fijado por el operador en esa vía era de 120. "No teníamos la información completa. Pero cuando empezamos a trabajar el tema, Fomento nos lo aclaró", apuntó ayer una portavoz de Tráfico. "Históricamente, antes de que se hicieran las obras del cuarto carril, el límite sí era 120", justificó el portavoz.

El mapa con el diseño de las nuevas velocidades que presentó públicamente el consejero de Interior, Felip Puig, tenía otra imprecisión. Tráfico trabajó con la hipótesis de que la velocidad para el tramo de la A-2 afectado por la zona 80 era de 100 kilómetros por hora. Resultó que tampoco. Fomento aclaró que el límite máximo debía ser de 120.

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Sobre la firma

Jesús García Bueno
Periodista especializado en información judicial. Ha desarrollado su carrera en la redacción de Barcelona, donde ha cubierto escándalos de corrupción y el procés. Licenciado por la UAB, ha sido profesor universitario. Ha colaborado en el programa 'Salvados' y como investigador en el documental '800 metros' de Netflix, sobre los atentados del 17-A.

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