Nacionalismo patente

España ha perdido la larga batalla emprendida hace más de una década para lograr una patente europea más barata y ágil que facilite la innovación en el continente. Esta semana, los ministros de Educación de la UE y el Parlamento Europeo han consagrado el inglés, el alemán y el francés como las tres lenguas oficiales para registrar una patente a nivel comunitario en contra de la aspiración de España de introducir en el sistema el idioma español. Europa en su conjunto ha logrado con este acuerdo una victoria al conseguir desatascar un asunto que está lastrando la innovación europea, pero es una victoria menor al no haber podido optar por la más pragmática y barata solución de imponer como única lengua el inglés en un terreno, el tecnológico, donde su preeminencia es aplastante.

El desencuentro que ha provocado durante tantos años el proyecto de patente europea ha escenificado crudamente el choque de nacionalismos que en tantas ocasiones ha impedido avances europeos. Los Gobiernos de Aznar y Zapatero han peleado por incorporar al español al sistema de patentes europeas basándose en la importancia de la lengua de Cervantes (la tercera más hablada del mundo tras el inglés y el chino) y a su peso relativo a nivel continental. Su talón de Aquiles es su escaso nivel innovador. Solo el 1,26% de las patentes europeas pertenecen a empresas españolas frente al 41% de las alemanas. La cerrazón española (que bloqueaba el acuerdo hasta ahora) puede ser tachada de nacionalista, pero en justa correspondencia también la de Francia y Alemania, que con lenguas de menor peso rechazaron la propuesta a la desesperada de Madrid de adoptar el English only impidiendo una patente verdaderamente competitiva a escala mundial.

El acuerdo lo ha facilitado el Tratado de Lisboa, que acabó con la unanimidad a la que estaban obligados Los Veintisiete para adoptar ciertas políticas. Pero el logro abre una brecha peligrosa. Los países que suscriban el acuerdo pueden avanzar en el terreno que abre la nueva patente y dejar descolgados a los disconformes como España, que ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal de Luxemburgo. Quizá habría que sopesar en frío la idoneidad de suscribir un acuerdo que era mejorable pero que hoy por hoy se vislumbra como la única salida posible y razonable en el terreno de la innovación, donde no se puede perder más tiempo.