Ante la "implosión" de los Ayuntamientos españoles

El nuevo orden internacional está basado en ciudades. En ellas reside la mayor parte de la población mundial. Frente a los vacíos poderes estatales o regionales, se alzan en el plano global las ciudades-estado (Londres, París, Singapur, Tel Aviv o Abu Dabi). No es un fenómeno nuevo, aunque sí la tendencia, aún sin confirmar, hacia ciudades con una población de entre 100.000 a 2,2 millones de habitantes (E. Glaeser, J. Kotkin) como espacio eficiente y sustentable.

En este contexto, ¿tiene algún sentido la actual división territorial de la Administración Local en España?

Las provincias, que se crearon por una simple circular, de noviembre de 1833, del entonces secretario de Estado de Fomento Javier de Burgos, han permanecido prácticamente inalteradas hasta hoy.

¿Tiene sentido que, de los 8.114 municipios españoles, 7.363 tengan menos de 10.000 habitantes?

Sin embargo, los municipios, desde la Constitución de Cádiz que ponía Ayuntamientos en los pueblos "que lleguen a mil almas" (artículo 310), han ido reduciendo su número. Partiendo de los 11.500 Ayuntamientos del llamado Censo de la Matrícula Catastral (1842) la reducción más drástica se produjo hasta 1857 con la extinción de 2.274 suprimiéndose entidades hasta los años ochenta del siglo XX. El advenimiento de las comunidades autónomas ha supuesto paradójicamente que se hayan creado nuevos municipios.

¿Tiene sentido que, de los 8.114 municipios españoles, 7.363 tengan menos de 10.000 habitantes? ¿Acaso son sostenibles, por ejemplo, 3.801 municipios con menos de 500 habitantes que cuentan prácticamente con las mismas competencias que uno de 100.000? A la espera de que el Tribunal de Cuentas haga público su último Informe de Fiscalización de los Sectores Públicos Autonómico y Local (2004 y 2005), sobre la base del informe de fiscalización del ejercicio 2003, lo cierto es que durante el quinquenio anterior no presentaron las cuentas 788 Ayuntamientos. Ni que decir que los que incumplen los plazos o presentan las cuentas defectuosas ascienden aproximadamente a ese número multiplicado por 10.

Un dato alarmante reflejado en el referido informe era la situación de las sociedades mercantiles del sector público local cuyo número, imitando el modelo autonómico, alcanza en esa fecha la cifra de 1.122. Las empresas locales, descontando el apoyo recibido por vía de subvenciones públicas, contaban con una rentabilidad operativa de -6,89% y una rentabilidad financiera de -17,35% . Esto es la "burbuja del servicio público" (F. Longo).

Existe un número considerable de Ayuntamientos (y de otros tipos de entidades locales) que carecen de fundamento, sin apenas capacidad siquiera para organizar sus propias fiestas locales. Su anexión con otros municipios, a través de los sistemas de integración o fusión no supone un menoscabo de la democracia, ¿acaso no pueden constituirse en entes desconcertados de la propia administración? ¿no existen mecanismos participativos a través de barrios, juntas de distritos o cualquier otro tipo de ente donde puedan debatirse los asuntos sobre la base de una democracia participativa en lugar de meramente representativa?

Para poder prestar los servicios públicos y competencias con recursos suficientes y mejorar su calidad (también de sus representantes) se pueden y deben integrar en otros unos 7.363 municipios, con poblaciones inferiores a los 10.000 habitantes (también lo deberían hacer otros de mayor población), o, en su caso, fusionar. Esta anexión debería partir de los propios Ayuntamientos que deben negociar las fórmulas que más conviene a los vecinos en la integración, o esperar que venga impuesta desde fuera. No se trata de concentrar el poder, acaso diluir equilibradamente la representación en un número razonable de electores, de individuos emancipados.

Se quiera ver o no estamos ante lo que podemos describir como una auténtica "implosión" de los Ayuntamientos españoles ya que la destructiva onda expansiva se dirige hacia su interior. Quedarán las fachadas de las casas consistoriales, los bastones de mando, los ordinales tenientes de alcalde, las variopintas delegaciones de todo tipo, los sellos, escudos e himnos. Dentro, en el interior de los Ayuntamientos, silencio, ninguna posibilidad de gestión. La cuestión se limita a saber si los partidos políticos están dispuestos a renunciar a más de dos tercios de los 66.099 concejales que nos van a representar los próximos cuatro años.

Guillermo Lago Núñez es secretario de Administración Local con habilitación estatal