La Audiencia de Vizcaya ordena investigar la detención ilegal de dos mujeres en Bilbao
La Audiencia Provincial de Vizcaya ha ordenado al Juzgado de Instrucción número 7 de Bilbao que reabra la investigación sobre el caso de dos mujeres detenidas en diciembre de 2009 por varios agentes de la Policía Municipal de la capital vizcaína bajo la acusación de "desobediencia grave".
Ambas mujeres, Cristina O. y Nahia G., explicaron ayer en una rueda de prensa, a la que comparecieron respaldadas por asociaciones como SOS Racismo, Mujeres del Mundo o Berdinak, que en la noche del 23 de diciembre de 2009 vieron una actuación policial que las "sorprendió". Unos agentes municipales estaban cacheando a unos jóvenes inmigrantes y ellas se quedaron a observar. Siempre según su relato, los agentes las "increparon para que se fueran" y, al negarse, las detuvieron acusadas de desobediencia grave. Permanecieron retenidas varias horas en los calabozos de la Policía Municipal. Las dos mujeres, en torno a la treintena, presentaron una queja al Ararteko y una denuncia por detención ilegal en el Juzgado de Instrucción número 7 de Bilbao, que el 1 de febrero de 2010 archivó el caso.
El tribunal considera que los agentes obviaron la asistencia letrada
En el auto en el que ahora resuelve su recurso contra esa decisión, la Sección Segunda de la Audiencia califica como "absolutamente exagerada" la calificación de los hechos como "delito de desobediencia grave". Razona que "más bien se configura como un pretexto para detener a las recurrentes y llevarlas a comisaria". Los magistrados precisan que, según el atestado, las jóvenes se negaron a firmar la lectura de derechos, renunciando al ejercicio de ningunos de ellos. Sin embargo, prosigue el fallo, ello resulta contradictorio con lo manifestado por ambas en su denuncia, en la que afirman que solicitaron reiteradamente la presencia de un abogado y que pidieron que se avisara a sus familias. En todo caso, recuerda el tribunal, "la asistencia letrada es irrenunciable". Por toso ello ordena al juzgado que se tome declaración a las dos mujeres y a los agentes que las arrestaron.
La Audiencia considera que los policías "vulneraron las garantías y derechos que les asistían, ya que quebrantaron varias obligaciones esenciales que convierten en ilegal la detención, al no hacer efectivo el irrenunciable derecho a la asistencia letrada, pese a que así lo solicitaron".
Manu Zarragoitia, director del área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Bilbao, recalcó a EL PAÍS que en todas las intervenciones que realiza la Policía Municipal "se garantizan los derechos de los detenidos" y aseguró que la presencia de testigos en los arrestos es "beneficiosa" y que, de hecho, el cuerpo está a favor de que se produzca.
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