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Los recortes a los institutos unen a todos los partidos contra Rigau

La oposición critica que se quiera ahorrar a costa de la calefacción de los centros

La enseñanza debe quedar a salvo de los recortes presupuestarios que está aplicando el Gobierno catalán acuciado por la urgencia de atajar el déficit. Hacía tiempo que en el Parlament no había una unanimidad tan grande sobre un asunto como el que ayer se vio en la Cámara.

Le tocaba comparecer por primera vez a la nueva consejera de Enseñanza, Irene Rigau. Y desde el PP, a ERC, el PSC, pasando por Ciutadans e ICV, toda la oposición la recibió con pronunciamientos en contra de los recortes en educación conocidos en los últimos días. "Tendría que haberse negado a negociar recortes en enseñanza con el consejero de Economía. Nos ha fallado y nos trae aquí un discurso de buenas intenciones pero ¿con qué medios?", le reprochó el diputado del PSC, Daniel Font.

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Los dos últimos días han estado cargados de noticias sobre podas de fondos de hasta el 28% en los gastos de funcionamiento en los institutos: luz, agua, gas, papel, calefacción y limpieza sufrirán podas de gastos al menos hasta junio. Varios institutos han puesto el grito en el cielo y alguno afirma que se verá obligado a pedir una derrama a las familias para lograr recursos (véase EL PAÍS del 16 de febrero). Alguno, como el instituto Joan Coromines, de Barcelona, dice que ya cobra una cuota a las familias que pueden asumirla.Rigau se explicó: "Estamos en una prórroga presupuestaria y lo que decimos a los centros es que de aquí hasta junio [cuando se apruebe el presupuesto de 2011] hagan una previsión. La educación sigue siendo para nosotros una prioridad, pese a las restricciones. Tenemos el compromiso de sacar al país del agujero y la situación financiera de la Generalitat la deberían de conocer mejor que nosotros", lanzó la consejera mirando hacia los representantes del antiguo tripartito.

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CiU ha heredado del anterior Gobierno un déficit superior al previsto del 1,2% del producto interior bruto, unos 2.400 millones de euros. "Defiendo el presupuesto de Enseñanza pero el Gobierno es solidario y haré mío el recorte, si lo hay", apostilló Rigau, que afirmó que el tripartito redujo entre el 6% y el 14% las partidas de gastos de funcionamiento de los centros.

La diputada de ICV-Els Verds, Dolors Camats, tampoco se mordió la lengua: "Recortan a las escuelas, recortan la semana blanca y nos habla de avanzar en la detección precoz de los problemas de aprendizaje, pero ¿cómo?". Para Camats, los 50 primeros días de la consejera al frente del departamento "son el epitafio del Pacto Nacional por la Educación", suscrito en tiempos del tripartito.

Con similar contundencia se pronunció la diputada de ERC, Anna Simó: "No corte a las escuelas. ¿No afectará eso a los resultados?". Simó avisó de que algunos centros han dicho que deberán pedir dinero a las familias para gastos de funcionamiento.

En la misma senda, Pere Chumillas, del PP, y Albert Rivera, de Ciutadans, criticaron el tijeretazo. "Los centros no volverán a recuperarse" del recorte, dijo Chumillas. "La educación es lo primero que recortan y a lo último a lo que nosotros daremos apoyo", advirtió Rivera.

La consejera esbozó lo que serán sus líneas de actuación. La prioridad es reducir el fracaso escolar, medido a través del abandono temprano de los estudios (alumnos que no acaban el nivel posobligatorio): supera el 30%, el doble que la media europea. La hoja de ruta de Rigau y su equipo pasa por estos ejes: actuar preventivamente para detectar problemas en el aprendizaje; reforzar la lectura en los centros; también las matemáticas y la expresión oral; diversificar el currículo en cuarto de secundaria; recuperar los exámenes de septiembre; replantear cómo se combinan las tutorías de grupo y las individuales, y medidas de refuerzo y diversificación.

Por otra parte, el Departamento de Enseñanza ha comunicado a los centros que suspende la prueba prevista para todos los alumnos se secundaria, que estaba prevista para el 7 y 8 de abril. La prueba queda aplazada hasta febrero de 2012, dice en una carta la directora general del departamento, Teresa Pijoan, que apostilla que cabe hacerla de "manera más pausada". La prueba debían de hacerla unos 60.000 alumnos del último curso y los centros llevan semanas preparándose para ella.

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