Ortega tacha de "restrictivo" y de corto alcance el freno a la ley de consultas

El Tribunal Constitucional decidió ayer admitir a trámite el recurso del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero contra la ley de consultas vía referéndum y el acuerdo provocó un nuevo desencuentro entre el Gobierno central y el de Artur Mas. A la decisión de José Luis Rodríguez Zapatero de pedir a Mas que recorte más el presupuesto o la de la ministra Elena Salgado de que suba los impuestos, se sumó la decisión del TC, que sentó como un jarro de agua fría en el Gobierno catalán.

Pese a que la decisión era esperada, la vicepresidenta Joana Ortega tachó el recurso de "falto de miras" y "restrictivo" y avisó de que Cataluña persigue una ley más ambiciosa que la actual que obliga a pedir permiso al Estado para convocar una consulta. Felip Puig, consejero de Interior, avisó: "El día que este país se ponga en marcha, el TC no lo parará". Justo el día después de la reunión Mas-Zapatero, CiU dio luz verde en el Parlament a que se discuta la proposición de ley sobre la independencia de Cataluña de Solidaritat per la Independència (SI). "Nadie podrá parar la transición nacional al derecho a decidir", afirmó entonces el portavoz del Gobierno Francesc Homs.

La Generalitat quiere una norma más ambiciosa y el PSC guarda silencio

El pleno del Alto Tribunal admitió el recurso contra los artículos 1 a 30, 43 y 45 de la ley, que quedan en suspenso y deberán ser ratificados o no en un plazo no superior a cinco meses. Uno de los artículos suspendidos es el 15, que permite convocar un referéndum a iniciativa del Gobierno catalán, de dos grupos o una quinta parte de los diputados del Parlament, o del 10% de los municipios (al menos a 500.000 habitantes).

CiU votó en contra de la ley y subrayó que los hechos le han dado la razón. Jordi Turull, portavoz de CiU, culpó de la situación al PSOE y, por ende, al PSC: "¿A quién le da miedo la democracia? Y es una más del TC, suma y sigue". Los nacionalistas creen que llueve sobre mojado porque ya avisaron que Esquerra (ERC), la gran promotora de la ley, estaba vendiendo humo. CiU recordó que el tripartito rechazó sus enmiendas para regular las consultas según el artículo 122 del Estatuto. Su idea era cumplir con un fallo del Supremo de 2008 que elevó una consulta a referéndum cuando utilizaba el censo y la administración electoral. Para esquivar el fallo y eludir el permiso del Estado, CiU planteó esta fórmula: consultas ciudadanas y un registro sin usar el censo.

Mientras, el PSC, que votó en su día a favor de la ley, optó por el silencio hasta que haya sentencia. Joan Ridao, de ERC, afirmó: "Es incomprensible porque la ley respeta el marco legal". En la misma línea, la ecosocialista Dolores Camats calificó de "lamentable" que el Gobierno haya visto la ley "peligrosa". Por el contrario, el PP consideró de "sentido común" la decisión del TC y hurgó en la contradicción entre el recurso del PSOE y el PSC que aprobó la ley. En los antípodas, Alfons Tena (SI), aprovechó para pedir a CiU que apoye para proclamar la independencia y Albert Rivera, de Ciutadans, que el TC está corrigiendo el camino andado por los nacionalistas.