Justicia ofrece pruebas de ADN a los familiares de los niños robados

"Hechos tan graves no pueden quedar impunes. Sobre los culpables debe caer todo el peso de la ley. Es una cuestión de dignidad", aseguró ayer el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, nada más salir de una reunión de casi hora y media con familiares de niños robados durante el franquismo y los primeros años de la democracia. "Desde el Ministerio les ofrecemos toda nuestra colaboración".

Los afectados le pidieron al ministro Caamaño un banco de ADN que les ayude a cotejar sus datos y encontrar a los hijos y hermanos que buscan, además de una oficina de atención a las víctimas y la revisión de la ley de protección de datos para agilizar sus búsquedas.

El ministro se comprometió a crear "un programa específico" en el Instituto Nacional de Toxicología, en coordinación con los departamentos de Sanidad de las comunidades autónomas, para que las pruebas de ADN no les acarreen ningún gasto siempre que haya una autorización judicial. "No es posible que un familiar se quede sin saber si su hijo es su hijo porque no pueda costearse una prueba de ADN", aseguran los afectados que comentó durante la reunión.

Caamaño también les prometió nombrar a un funcionario del ministerio como interlocutor y coordinador de los afectados para ayudarles a acceder a archivos cuando lo requieran y atender sus demandas. El ministro explicó que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, le había comentado hace días su intención de nombrar a un fiscal especial precisamente para coordinar todas las investigaciones abiertas sobre el robo de niños. "Es fundamental, porque una sola historia no es todo el relato", dijo.

Preguntado por si le habían impresionado los relatos de los familiares afectados por el robo de niños aseguró que sí, pero que "hay que depurar los casos" porque "puede haber mucha gente que piense que fue un hijo robado cuando en realidad fue adoptado, o madres que dudan si su hijo murió o se lo quitaron sin tener por qué".

Los familiares de niños salieron "satisfechos" del encuentro. "Le hemos dicho al ministro que no vamos a parar hasta saber la verdad, y que la verdad no podemos conseguirla por nosotros mismos. El Estado tiene que ayudarnos", explicó Mar Soriano, coordinadora de la Plataforma de afectados. Por la mañana se habían reunido con la defensora del pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, quien les ofreció "toda su colaboración" para ayudar a movilizar a las instituciones.