Respuestas en crisis

Francisco Camps, actual presidente de la Comunidad Valenciana, se ha autoproclamado candidato a la presidencia para las próximas elecciones autonómicas. Este presidente y probable candidato -está pendiente de confirmación por el comité electoral nacional, y María Dolores de Cospedal y Camps se llevan como Valdano y Mourinho-, está acusado del delito de cohecho impropio. Esto es: existen pruebas, a juicio del fiscal, de que ha recibido regalos por razón de su cargo. Con motivo de esta acusación, altos dirigentes del PP, como Javier Arenas, Esteban González Pons y Rita Barberá, han cantado las excelencias de Camps para enturbiarla. La alcaldesa de Valencia ha abierto un debate sobre la independencia judicial. Dice: "La Transición no ha pasado por el poder judicial". Entiendo que cuando se hacen estas afirmaciones se está diciendo que algunos jueces y fiscales están al servicio del Gobierno. Por su parte, González Pons intenta ridiculizar a estos jueces y tribunales, afirmando que se va a juicio "por cuatro corbatas". El objetivo, tal como se mostró en la última convención del PP, es defender a un compañero de filas al margen de las instituciones a las que deterioran y desprestigian.

Esta forma de hacer es la misma que está desarrollándose en Italia a causa de la acusación que la fiscalía mantiene contra Berlusconi, que se considera víctima de una conjura judicial.

A poco que se piense -y separando los hechos determinantes de la acusación-, estos dirigentes lo que hacen es poner en tela de juicio la independencia judicial así como la honradez y honestidad de jueces y fiscales. También lo hacen cuando, en lugar de que sean los jueces -únicos legitimados constitucionalmente para juzgar-, subordinan, como si de Berlusconi se tratara, la inocencia o culpabilidad al resultado de las urnas. Algo así como un circo romano, en el que la suerte de los condenados estaba en función de su comportamiento en la arena pública, con independencia de los hechos que hubieran cometido para llegar ante los tribunales.

Ahora bien, y es lo que quiero destacar, el PP en Andalucía actúa de manera opuesta. Basta mirar el caso Mercasevilla. Un caso, en el que al día de hoy no está acusado, ni tan siquiera imputado, autoridad relevante alguna del PSOE. A pesar de ello, algunos dirigentes del PP van extendiendo sospechas de criminalidad. Es más, su secretario general, Antonio Sanz, anuncia quién o quiénes van salir al siguiente día en los medios (alguien debería decirle que en la Ley de Enjuiciamiento Criminal existe un precepto que obliga a las autoridades a denunciar inmediatamente los hechos delictivos que pudiera conocer). No afirmo que los conozca, solo que los anuncia, salvo que los anuncie sin conocerlos.

De no denunciar -y los conoce- no está bien visto por el Código Penal. Y si no los conoce, no debería anunciarlos, pues tampoco está bien visto por el mismo texto legal.

Lo que estos casos transmiten es que el PP pretende que Justicia y Gobierno actúen conforme a sus intereses de poder. Unas veces -en Valencia-, condicionando el prestigio judicial al hecho de que sus políticos no sean acusados. Otras -en Andalucía-, intentado que la misma Justicia y Gobierno andaluz actúen de acuerdo con sus afirmaciones y sospechas. Es un comportamiento torticero en cuanto que no es ni razonable ni coherente.

De ahí que cuando observo esta forma de actuación y que que los hechos se desvirtúan hasta límites incalificables, cuando se desprestigia a jueces, fiscales y adversarios políticos por compañerismo, cuando por estos mismos intereses corporativos no importa deteriorar una institución constitucional como la Justicia, y todo a cambio de lograr el poder, intento buscar respuestas que lo impidan.

Una de ellas es que la crisis, por mucho que nos esté dañando, no puede servir de pretexto para dejar atrás el sentimiento colectivo social y de progreso que ha hecho más desarrollada la sociedad.