Familiares de niños robados piden subvenciones a Aguirre

La asociación que agrupa a los familiares de niños supuestamente robados en hospitales, principalmente entre los años sesenta y setenta, pedirá hoy a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, que se les deje un local y subvenciones para apuntalar su organización en Madrid. Anadir (Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares) solicita ayuda después de recibir más de 1.000 peticiones en la Comunidad y de que se les colapsase la página de Internet. "Cada vez más gente quiere unir esfuerzos para buscar a sus hijos perdidos", resume Rocío Cuerdo, responsable de la organización en Madrid.

La historia de esta mujer se remonta más de 40 años atrás. Llegó a la antigua maternidad de O'Donnell en 1967. Tenía 17 años y siempre había vivido en Sevilla. "Me quedé embarazada y mi chico de entonces se acobardó", recuerda. Su madre decidió entonces que toda la familia se trasladase a la capital.

El parto fue muy largo. Tras un día ingresada, los médicos deciden hacerle una cesárea. Curiosamente, a su madre le habían dicho que se marchase, que no se preveían novedades. "Se fue porque tenía un hermano ingresado en un hospital".

Mientras aguardaba en la habitación llegó un sacerdote. "Arrepiéntete de tus pecados", recuerda la mujer que le dijo. "Me asusté, pensé que venía a confesarme porque me iba a morir, pero de arrepentirme, nada, no me arrepentía de haberme quedado embarazada". A las ocho de la mañana a su madre le dijeron que el bebé había muerto por un coma diabético. "Nunca me dieron los análisis", cuestiona Cuerdo. El niño, según los facultativos, ya estaba a esa hora enterrado en el cementerio de La Almudena. A ella no le dijeron nada y a su madre le recomendaron a su madre que no se lo comunicase. "Le dijeron que me contase que el niño estaba en una incubadora por problemas", recita la mujer, que tardó dos semanas en enterarse.

Representantes de Anadir se reunen el miércoles con el ministro de Justicia, Francisco Camaño. El pasado viernes fue el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien anunció la designación de un fiscal especial para llevar los 261 casos denunciados en España.

La diputada socialista y portavoz de Asuntos Sociales de ese partido en la Asamblea, Pilar Sánchez Acera, respalda las peticiones de los familiares. "El hecho de que miles de bebés fueran separados de sus familias y entregados a otras, sin más, es desgarrador", considera la parlamentaria regional, que incide en que "hay que tener sensibilidad con estas víctimas y prestarles todo el apoyo".