Camps, contra reloj

La Fiscalía Anticorrupción ha desbaratado la que podría ser la última argucia del presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, antes de sentarse en el banquillo de los acusados en relación con el caso Gürtel. En un intento de dilatar la apertura del juicio oral, el abogado de Camps solicitó nuevas diligencias que rechazaron tanto el juez instructor, José Flors, como el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Resuelta la solicitud, la fiscalía ha pedido el procesamiento de Camps por un delito de cohecho continuado. El castigo fijado por el Código Penal vigente cuando el presidente valenciano cometió presuntamente el delito es una multa. Tras la reforma aprobada gracias al pacto entre socialistas y populares, los mismos hechos habrían sido castigados con hasta seis meses de cárcel.

Camps parece empeñado en una carrera contra reloj con la justicia, intentando retrasar la apertura del juicio oral hasta después de las elecciones autonómicas de mayo. De este modo, tendría prácticamente asegurado repetir como candidato de los populares y mantener su situación de aforado durante el posterior desarrollo del juicio. La dirección nacional del PP contempla estas maniobras como si se tratase de un asunto ajeno, en el que no estuviera implicado uno de sus más destacados dirigentes y, además, principal representante electo de la Comunidad Valenciana. Desde la sede central en la calle de Génova se continúa apoyando a Camps y dejando en sus manos la decisión de abandonar o no. El PP valenciano, por su parte, intenta jugar a la confusión mostrándose satisfecho de que Camps no haya sido condenado por un delito de cohecho propio, al tiempo que ha asegurado que no existen indicios de financiación irregular del partido. Lo cierto es, por el contrario, que la investigación policial ha encontrado esos indicios y que lo único que sucede es que el tribunal no se ha pronunciado aún sobre si le corresponde investigarlos.

La falta de respuesta del PP a los problemas de Camps con la justicia no solo está provocando un grave deterioro institucional en Valencia. Además, ha propiciado la parálisis de una de las mayores Administraciones autonómicas, pendiente desde hace dos años de la suerte judicial de su presidente. La dirección nacional de los populares no muestra preocupación, convencida de que ganará las elecciones en la Comunidad Valenciana sea cual sea el candidato que presente. Justo por ello es por lo que su apoyo a Camps resulta aún más sospechoso, y hace suponer que busca retribuir al dirigente valenciano por los servicios prestados. Por el momento no es fácil saber a ciencia cierta cuáles han sido esos servicios, aunque no resulta difícil suponerlo. Sobre todo cuando la policía ha encontrado indicios de financiación ilegal sobre los que acabará pronunciándose el Tribunal Superior de Valencia. Quizá para entonces Camps ya haya perdido su carrera contra la justicia, pero el PP se habrá ahorrado dar una respuesta política a la sombra de la corrupción que pesa sobre él.