Difícil legislar sobre uno mismo

"Esa acusación es joseantoniana y fascista", le respondió indignado esta semana el diputado de ERC Joan Tardà a un asistente a una conferencia sobre laicismo que le increpó sobre los privilegios de los políticos.

Ese incidente y otros que relatan estos días los diputados ilustran la forma en la que se ha instalado en los últimos meses la impresión de que los parlamentarios disponen de privilegios. Y muchos están inquietos porque desde que Mariano Rajoy anunció iniciativas del Partido Popular para eliminarlos se ha abierto una carrera de todos los partidos por ver quién llega más lejos. Aunque en privado todos los grupos aseguran que no son privilegios, todos han propuesto modificaciones.

Hay coincidencia de todos en eliminar los complementos de pensiones que ya han cobrado 81 ex parlamentarios que, en el momento de la jubilación, no habían cotizado para percibir el máximo legal. Ese complemento empezó siendo para parlamentarios procedentes del exilio y terminó siendo, sobre todo, para abogados que cotizaron por la mínima en la mutualidad. Por ejemplo, Pablo Castellano y Cristina Almeida. Julio Anguita renunció, después de enviar tres cartas, al comprobar que solo le correspondían 69 euros anuales.

El PP quiere que el régimen de pensiones de los parlamentarios sea idéntico al del resto de ciudadanos. Sobre eso hay coincidencia, pero hay otras propuestas que deberá analizar José Bono, presidente del Congreso, sobre las que será más difícil el consenso. Y ya hay portavoces que aseguran que sin consenso no habrá cambio. Ese es el inconveniente de que los parlamentarios se autorregulen.

Por ejemplo, en 2006 los grupos aprobaron un régimen de indemnizaciones que se aplica de forma genérica y, por tanto, injusta. Lo hicieron porque el Tribunal Constitucional falló que los sindicalistas, concejales y parlamentarios no podían acceder al paro, porque no cotizan. Se cambió la ley para ediles y sindicalistas, y para los diputados y senadores se estableció que todos cobrarían una indemnización, en una vez, de un mes por año en el escaño, hasta un máximo de 24 meses. Tan injusto como que José María Michavila, que dejó el escaño por actividades privadas bien remuneradas, recibió recientemente la indemnización. El PSOE ha hecho una propuesta según la cual esa indemnización la cobrarían solo los exparlamentarios que queden en paro; eso sí, serían dos meses por año en el escaño hasta un máximo de 24 meses y cobrados mientras no se encuentre trabajo. Una especie de seguro de desempleo, pero muy mejorado.

El PP no ha incluido en su propuesta ninguna modificación sobre esa indemnización y, por tanto, es partidario de que se mantenga tal cual está.

Gaspar Llamazares (IU) ha hablado ya con el PSOE y propone también modificar esa indemnización para asimilarla al seguro de paro. La diferencia es que, como no es posible que los diputados coticen como el resto de ciudadanos, porque no se considera que sea una relación laboral, propone que sea el Congreso quien lo haga por ellos. En todo caso, los letrados del Congreso consideran que hay problemas legales que estudiar, incluido si es posible que la supresión de esa indemnización afecte a los actuales diputados y senadores.

Otra discrepancia importante se refiere a las incompatibilidades. El PP no quiere cambiarlas, el PSOE habla de endurecerlas en abstracto y la izquierda pretende llegar casi a la dedicación plena. De lo que no hablan es de dotar a la Comisión del Estatuto del Diputado de capacidad real para comprobar si se cumple la ley. Por ejemplo, si las empresas para las que se les permite trabajar no contratan realmente con la Administración.

Esa comisión tiene pendiente decidir sobre la petición de Josep Antoni Duran Lleida (CiU) de presidir cuatro comisiones bilaterales en representación de la Generalitat. Ha dicho que renuncia a cobrar por esa actividad, pero no hay precedentes de trabajo para otra Administración, compatibilizada con el escaño. En breve se la autorizará.